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el texto será enviado al parlamento por el gobierno
El superávit de la población carcelaria y la liberación de reclusos -en casos especiales y como forma de descomprimir el hacinamiento de los centros penitenciarios de todo el país- sigue siendo uno de los temas cruciales en la actual administración. Situación que se remonta a la administración Vázquez, cuando el socialista José Pedro Díaz fue ministro del Interior.
Ahora, el titular de la cartera de Estado, Eduardo Bonomi, explicó ayer los alcances del nuevo proyecto de ley que permite la liberación de presos sin condena, al señalar que "una persona en Uruguay es privada de la libertad cuando se entiende que existe lugar a la realización de un proceso".
Esto lleva al inicio del proceso con privación de libertad. Luego del tiempo de detención -que puede alcanzar a varios años-, el magistrado determina si es culpable y cuánto tiempo le corresponde de pena".
La diferencia del proceso penal uruguayo en relación a otros países es sustancial. Por ejemplo, en aquellos el proceso se hace con la persona en libertad -de acuerdo a la gravedad del delito se discute si debe pagar o no fianza-, pero ingresa a prisión cuando se lo pena. En cambio, en Uruguay la prisión se cumple mientras se es procesado.
“Esta situación lleva a que muchas veces las penas que se otorgan son menores al tiempo que se estuvo preso”, fundamentó ayer el ministro Bonomi.
Esto supone, además de una situación injusta a nivel moral, social y psicológica sobre el preso, que el Estado, en caso de que la condena sea menor al tiempo de reclusión, deba hacerse cargo de los daños morales sobre el individuo. De hecho, hay varios ejemplos donde la detención supera el tiempo de reclusión en relación al delito.
En este contexto, el ministro señaló que los convenios internacionales obligan a que en Uruguay las personas aguarden la pena fuera del centro penitenciario.
Bonomi explicó que, partiendo de esta base, junto con la Suprema Corte de Justicia el Ministerio elaboró en 2010 un proyecto de ley que establece que se espere la pena en condiciones utilizadas en países de los llamados del Primer Mundo.
Explicó, en este contexto, que sobre los procesados podría recaer la prisión domiciliaria, seguimiento asistido de la libertad o penas alternativas, decisión que quedará en manos del Poder Judicial.
El ministro afirmó, asimismo, que una cantidad de detenidos están en esas condiciones -se estima más de un millar- aunque no precisó el número. El pasado jueves, el diario El País informó que hay 2.160 presos en condiciones de ser liberados.El jerarca dijo además que el proyecto de ley que se presentará al Parlamento excluye cinco delitos: homicidio, secuestro, rapiña, copamiento y violación. Las personas que cometieron esos delitos no tienen derecho a esta futura ley, afirmó. También indicó que los antecedentes que se deberían mantener del expediente de los jóvenes son: homicidio, secuestro, violación, copamiento y rapiña. "Es decir, son absolutamente complementarios los dos pensamientos que tenemos y no contradictorios, como se ha tratado de establecer".
el texto será enviado al parlamento por el gobierno
Ahora, el titular de la cartera de Estado, Eduardo Bonomi, explicó ayer los alcances del nuevo proyecto de ley que permite la liberación de presos sin condena, al señalar que "una persona en Uruguay es privada de la libertad cuando se entiende que existe lugar a la realización de un proceso".
Esto lleva al inicio del proceso con privación de libertad. Luego del tiempo de detención -que puede alcanzar a varios años-, el magistrado determina si es culpable y cuánto tiempo le corresponde de pena".
La diferencia del proceso penal uruguayo en relación a otros países es sustancial. Por ejemplo, en aquellos el proceso se hace con la persona en libertad -de acuerdo a la gravedad del delito se discute si debe pagar o no fianza-, pero ingresa a prisión cuando se lo pena. En cambio, en Uruguay la prisión se cumple mientras se es procesado.
“Esta situación lleva a que muchas veces las penas que se otorgan son menores al tiempo que se estuvo preso”, fundamentó ayer el ministro Bonomi.
Esto supone, además de una situación injusta a nivel moral, social y psicológica sobre el preso, que el Estado, en caso de que la condena sea menor al tiempo de reclusión, deba hacerse cargo de los daños morales sobre el individuo. De hecho, hay varios ejemplos donde la detención supera el tiempo de reclusión en relación al delito.
En este contexto, el ministro señaló que los convenios internacionales obligan a que en Uruguay las personas aguarden la pena fuera del centro penitenciario.
Bonomi explicó que, partiendo de esta base, junto con la Suprema Corte de Justicia el Ministerio elaboró en 2010 un proyecto de ley que establece que se espere la pena en condiciones utilizadas en países de los llamados del Primer Mundo.
Explicó, en este contexto, que sobre los procesados podría recaer la prisión domiciliaria, seguimiento asistido de la libertad o penas alternativas, decisión que quedará en manos del Poder Judicial.
El ministro afirmó, asimismo, que una cantidad de detenidos están en esas condiciones -se estima más de un millar- aunque no precisó el número. El pasado jueves, el diario El País informó que hay 2.160 presos en condiciones de ser liberados.El jerarca dijo además que el proyecto de ley que se presentará al Parlamento excluye cinco delitos: homicidio, secuestro, rapiña, copamiento y violación. Las personas que cometieron esos delitos no tienen derecho a esta futura ley, afirmó. También indicó que los antecedentes que se deberían mantener del expediente de los jóvenes son: homicidio, secuestro, violación, copamiento y rapiña. "Es decir, son absolutamente complementarios los dos pensamientos que tenemos y no contradictorios, como se ha tratado de establecer".
