El 24 de enero de 1938 el Parlamento de la época decidió aprobar una modificación de un capítulo del Código Penal, declarando delito al aborto a través de la Ley 9.763. En la norma se estableció que la mujer "que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión de tres a nueve meses".
También rige, para el aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer, que quien preste ayuda "por actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión". Además, se decidió penar con dos a ocho años de prisión "al que causare el aborto sin consentimiento de la mujer". Por último, si al efectuar un aborto con consentimiento sobreviniera a la mujer una lesión "grave o gravísima", la pena es de dos a cinco años de penitenciaría, en tanto que si ocurre la muerte, la pena se eleva de tres a seis años. En caso de que las lesiones ocurran en un aborto sin consentimiento, la pena es de tres a nueve años de penitenciaría. En este último caso, la muerte se paga con entre cuatro y doce años de cárcel.
En el tapete. La despenalización del aborto vuelve a ser tema de discusión en Uruguay.
También rige, para el aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer, que quien preste ayuda "por actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión". Además, se decidió penar con dos a ocho años de prisión "al que causare el aborto sin consentimiento de la mujer". Por último, si al efectuar un aborto con consentimiento sobreviniera a la mujer una lesión "grave o gravísima", la pena es de dos a cinco años de penitenciaría, en tanto que si ocurre la muerte, la pena se eleva de tres a seis años. En caso de que las lesiones ocurran en un aborto sin consentimiento, la pena es de tres a nueve años de penitenciaría. En este último caso, la muerte se paga con entre cuatro y doce años de cárcel.El Frente Amplio trabaja contrarreloj para unificar los dos proyectos presentados por la senadora socialista Mónica Xavier y el diputado emepepista Alvaro Vega para legalizar el aborto.
Daniela Fassnello
En el tapete. La despenalización del aborto vuelve a ser tema de discusión en Uruguay.
En Uruguay la práctica del aborto sigue siendo ilegal y si se prueba que una mujer se ha practicado un aborto la pena es de tres a nueve meses de prisión. También la Justicia pena al médico o a la persona que haya cometido el procedimiento ilícito, y el galeno puede ser condenado con hasta 24 meses de prisión.
El 11 de noviembre de 2008 el Senado votó 17 a 13 para aprobar un proyecto de ley que, entre otras cosas, legalizó el aborto en Uruguay, pero fue vetado por el presidente de la República de ese momento, Tabaré Vázquez, tres días después.
Ahora, la discusión vuelve a la escena política y pública, ante el anuncio de que se volverá a presentar un proyecto que legalice la práctica clandestina. En este nuevo escenario y bajo el mandato de José Mujica, que votó a favor de la despenalización del aborto, la discusión cambia de rumbo.
En el comienzo de la nueva legislatura se presentaron dos proyectos sobre el tema, uno de la senadora socialista Mónica Xavier, y el segundo del diputado Alvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Ambos están siendo estudiados en una comisión integrada por Constanza Moreira (Espacio 609), Luis Gallo, de Asamblea Uruguay, y los autores de las iniciativas. Los cuatro deben crear un único proyecto y tienen tiempo hasta fines de marzo para poder alcanzar un acuerdo y presentarlo ante la bancada del FA.
El proyecto original de Xavier para esta legislatura retoma el capítulo II de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva vetada en el gobierno de Vázquez, pero con algunos cambios, que son los que hoy pasan a ser parte de la discusión central. Da mayor autonomía a la mujer en la toma de la decisión y propone que sea ella la que pueda decidir si continúa o no con el embarazo en caso de malformaciones, a pesar de que sean compatibles con la vida extrauterina. Xavier, como en su anterior proyecto, plantea el aborto legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
El proyecto de Vega consiste en dejar sin efecto la Ley 9.763 de 1938, que en uno de sus artículos castiga con tres a nueve meses de prisión a la mujer que se practique un aborto. En su propuesta, la decisión de la práctica del aborto dependería del médico y de la mujer, y el aborto sólo será considerado delito cuando se haga sin el consentimiento de la mujer.
Ambos proyectos están siendo estudiados y analizados en una comisión que deberá entregar un informe a la bancada de legisladores del FA en una semana. Uno de sus integrantes, Luis Gallo, al ser consultado por
LA REPUBLICA dijo que ambos proyectos vienen siendo trabajados y que es muy probable que se llegue a un acuerdo al finalizar la discusión.
En principio se han registrado algunos avances en la unificación de dos aspectos fundamentales: el primero, que se debe mantener la redacción del proyecto de la senadora Xavier presentado en la legislatura anterior en cuanto a mantener que el aborto solo será legal si el feto es incompatible con la vida al nacer. El otro punto es el de derogar los artículos posteriores al 325 en la Ley 9.763 del año 1938.
El 11 de noviembre de 2008 el Senado votó 17 a 13 para aprobar un proyecto de ley que, entre otras cosas, legalizó el aborto en Uruguay, pero fue vetado por el presidente de la República de ese momento, Tabaré Vázquez, tres días después.
Ahora, la discusión vuelve a la escena política y pública, ante el anuncio de que se volverá a presentar un proyecto que legalice la práctica clandestina. En este nuevo escenario y bajo el mandato de José Mujica, que votó a favor de la despenalización del aborto, la discusión cambia de rumbo.
En el comienzo de la nueva legislatura se presentaron dos proyectos sobre el tema, uno de la senadora socialista Mónica Xavier, y el segundo del diputado Alvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Ambos están siendo estudiados en una comisión integrada por Constanza Moreira (Espacio 609), Luis Gallo, de Asamblea Uruguay, y los autores de las iniciativas. Los cuatro deben crear un único proyecto y tienen tiempo hasta fines de marzo para poder alcanzar un acuerdo y presentarlo ante la bancada del FA.
El proyecto original de Xavier para esta legislatura retoma el capítulo II de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva vetada en el gobierno de Vázquez, pero con algunos cambios, que son los que hoy pasan a ser parte de la discusión central. Da mayor autonomía a la mujer en la toma de la decisión y propone que sea ella la que pueda decidir si continúa o no con el embarazo en caso de malformaciones, a pesar de que sean compatibles con la vida extrauterina. Xavier, como en su anterior proyecto, plantea el aborto legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
El proyecto de Vega consiste en dejar sin efecto la Ley 9.763 de 1938, que en uno de sus artículos castiga con tres a nueve meses de prisión a la mujer que se practique un aborto. En su propuesta, la decisión de la práctica del aborto dependería del médico y de la mujer, y el aborto sólo será considerado delito cuando se haga sin el consentimiento de la mujer.
Ambos proyectos están siendo estudiados y analizados en una comisión que deberá entregar un informe a la bancada de legisladores del FA en una semana. Uno de sus integrantes, Luis Gallo, al ser consultado por
LA REPUBLICA dijo que ambos proyectos vienen siendo trabajados y que es muy probable que se llegue a un acuerdo al finalizar la discusión.
En principio se han registrado algunos avances en la unificación de dos aspectos fundamentales: el primero, que se debe mantener la redacción del proyecto de la senadora Xavier presentado en la legislatura anterior en cuanto a mantener que el aborto solo será legal si el feto es incompatible con la vida al nacer. El otro punto es el de derogar los artículos posteriores al 325 en la Ley 9.763 del año 1938.
