Pablo Mieres
De acuerdo a la última encuesta publicada sobre la opinión de los uruguayos con respecto al Plebiscito para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, dos de cada tres uruguayos están dispuestos a votar a favor de la iniciativa.
¿Significa esto que el tema está resuelto?
¿Significa que hay que bajar los brazos y resignarse ante el éxito de la mayor muestra de publicidad política engañosa de las últimas décadas? ¿Será que comenzará el éxodo de dirigentes políticos hacia la aceptación de esta propuesta dado que el viento sopla fuerte en el sentido de la iniciativa presentada?
Nunca hicimos ni haremos política en función de los resultados de las encuestas. Por el contrario nuestro norte es actuar en función de aquello que consideramos justo y mejor para el país.
Es por eso que estos datos, lejos de desalentarnos nos obligan a redoblar la apuesta. Es imprescindible trabajar con energía y con argumentos para lograr que en los dos años que faltan para que la gente se pronuncie, se demuestre que esta iniciativa es falaz, injusta e inútil.
Nosotros hemos decidido ponernos al hombro este tema y salir a convencer a los ciudadanos de que la propuesta presentada es perniciosa y tramposa poniendo arriba de la mesa datos ciertos que demuestran que la iniciativa debe ser rechazada.
Es una iniciativa falaz porque parte de supuestos engañosos. Se ha aprovechado el enojo de la gente con la situación de inseguridad, que obviamente entendemos y compartimos, para identificar esta propuesta con la recuperación de la seguridad perdida. Se les ha dicho a los ciudadanos que firmaran por la seguridad. Se ha pretendido identificar a los menores infractores como los causantes principales de la crisis de seguridad de este país.
Sin embargo, el argumento no resiste el mínimo análisis objetivo de los datos concretos. Del total de los individuos que están privados de libertad por haber cometido delitos en este país, más del 90% son adultos y menos del 10% son menores. Hay cerca de quinientos menores privados de libertad y no son más de mil los que están registrados con antecedentes; mientras que hay más de nueve mil presos adultos en las cárceles de nuestro país.
De modo que la mayor parte de la responsabilidad por los delitos cometidos y, por tanto, de la inseguridad que vivimos, se debe a la delincuencia adulta y no a los menores infractores.
Por otra parte, gracias a la política impulsada por la nueva conducción del INAU, de la que forma parte un integrante de nuestro partido, se ha avanzado de manera espectacular en la reducción de las fugas de los menores infractores. En 2009 se habían producido 1.189 fugas de los centros de privación de libertad del INAU, mientras que en lo que va de 2012 sólo han ocurrido 35 episodios de fuga. ¿Habrá otro ejemplo de política pública que haya obtenido resultados tan resonantes en tan poco tiempo?
Dicen los datos judiciales que en los últimos meses los procesamientos de menores por comisión de delitos se han reducido a la mitad.
Por supuesto que evitar la fuga de los menores infractores es tan solo el primer paso. Pero no debe ser casualidad que, al reducirse las fugas a su mínima expresión, se hayan reducido sustancialmente los procesamientos de menores infractores.
El INAU por intermedio del SIRPA debe avanzar ahora en la mejora sustancial de las condiciones de reclusión para evitar el hacinamiento y por otro lado, instrumentar una estrategia de rehabilitación. El incremento de las oportunidades de pasantías laborales en empresas de nuestro medio para un conjunto de menores privados de libertad es otro indicio de que es posible mejorar sustancialmente esta situación.
Mientras unos agitan el miedo para sumar adhesiones a una causa que no resiste el mínimo análisis serio, otros creemos que lo mejor es trabajar para cambiar la realidad concreta y enfrentar el fenómeno de la minoridad infractora con propuestas serias y positivas.
Los que promueven esta iniciativa buscan la más fácil que consiste en cargar las tintas sobre los adolescentes infractores. Es facilísimo, los adolescentes son, en un país de viejos, los primeros sospechosos de todos los males; si además son marginales y drogadictos peor aun.
No estamos diciendo que no haya que actuar con energía. Al contrario, hemos apoyado medidas para hacer más enérgicas las sanciones y aumentar los tiempos de reclusión. Creemos necesario generar un sistema punitivo para adolescentes infractores, más sistemático, ordenado y firme. Pero no caemos en la actitud fácil de disparar sobre los más débiles convirtiéndolos en responsables principales de un estado de cosas que tiene una multiplicidad de factores.
Tenemos plena conciencia de que la política de seguridad implementada en los tiempos anteriores ha sido una de las causas de la crisis de la seguridad. También creemos que hay ahora algunos cambios que es necesario reconocer y que, probablemente generará modificaciones en los próximos tiempos.
Los que han promovido esta iniciativa, salvo honrosas excepciones, han mostrado su perfil represivo y de derecha. Reivindican que los menores de 16 años deben ser considerados como adultos a los efectos de su castigo, pero en forma incoherente no han reconocido que, si son maduros para ser responsables como adultos, entonces se les debería otorgar a partir de los 16 años los correspondientes derechos (matrimonio, manejar, contratar, etc).
Pero, no. Lo único que importa es levantar la bandera del castigo para ganar puntos en una sociedad asustada e indignada.
Nosotros no creemos que los jóvenes de 16 a 18 años deban ser tratados como adultos, ni para las verdes ni para las maduras. Creemos que es necesario mantener cierto estatuto de protección hasta los 18 años, para la responsabilidad penal y para su capacidad civil.
En síntesis, vamos a seguir trabajando para convencer a la ciudadanía de que la propuesta presentada por los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad es un engaño vergonzoso que debe dejarse de lado. Pero, además, seguiremos comprometidos en impulsar medidas y cambios que demuestren que es posible el camino alternativo de la firmeza con oportunidades de rehabilitación.
