"Resulta imposible" que se haya generado un perjuicio para el Estado
Por PABLO MELÉNDREZ

A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz archivó la investigación que se había iniciado contra los empresarios tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI).
Víctor Mesa, Santiago Moneta, Guillermo Martínez, Sebastián Laso y el ciudadano paraguayo de origen árabe Ahmad El Age fueron procesados con prisión el 19 de diciembre de 2009, tras ser acusados de utilizar la estructura del free shop Natural del Chuy para enviar de contrabando whiskies y perfumes hacia Brasil. En aquel momento, el entonces juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez entendieron que cometieron los delitos de contrabando y asociación para delinquir y por eso permanecieron en la cárcel durante seis meses.
Sin embargo, en septiembre de 2010 la jueza Adriana de los Santos, que asumió en el caso tras la renuncia de Álvarez Petraglia a la magistratura, revocó los procesamientos al considerar que no se constató ninguna "irregularidad o anomalía en la documentación o transporte de la mercadería".
La sentencia absolutoria fue ratificada en abril de 2011 por el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno, que concluyó que los delitos imputados "no son tales", por cuanto se trataba de mercadería en tránsito.
De todos modos, los empresarios afrontaron otra investigación judicial, esta vez, por una denuncia
de la DGI que los acusó por el delito de defraudación tributaria derivada del supuesto contrabando.
La denuncia del organismo recaudador por una presunta evasión de $ 443 millones, fue archivada ayer por el juez Díaz, luego de que el fiscal Perciballe concluyera que los empresarios no cometieron delito.
Para el fiscal, las operaciones "fueron realizadas en forma correcta y se cumplieron todos los requisitos previstos por la normativa aduanera para la mercadería en tránsito". En su dictamen, Perciballe explica que por esa situación las transacciones que motivaron la denuncia de la DGI no son un hecho generador de tributo, y debido a eso "resulta imposible que se genere un perjuicio a los derechos del Estado a percibir tributos".
IRREPARABLE. El abogado Mario Spangenberg, defensor de Mesa, expresó su "enorme satisfacción" por el archivo de la causa por defraudación que implicaba a su cliente.
"La confianza que nuestro defendido tenía en la Justicia se ratifica con esta resolución", indicó Spangenberg, quien ejerció la defensa de Mesa junto a su colega Amadeo Otatti.
Spangenberg aseguró a El País que "sin lugar a dudas el daño producido a Mesa es irreparable pese a que ha sido la propia Justicia la que ha puesto las cosas en su justo término". El abogado indicó que pese a ello, su cliente no tiene interés en realizar un juicio reparatorio contra el Estado.
Por su parte, el abogado Jorge Barrera, defensor de Moneta, dijo a El País que el archivo de la investigación por defraudación tributaria "era previsible" porque "no hubo ningún tipo de perjuicio para el Estado". "Ha quedado demostrado que las ventas fueron operaciones de tránsito y por eso jamás podía existir defraudación tributaria, que quiere un procedimiento con engaño que en este caso se probó claramente que no existió, por lo que tampoco hubo perjuicio para el Estado", insistió Barrera.
Compró un club
El empresario Víctor Hugo Mesa lidera el grupo económico que a fines de 2011 adquirió el 75% de las acciones del Recreativo de Huelva, el club más antiguo del fútbol español y que actualmente disputa el campeonato de segunda división. La inversión superó los 3 millones de euros. Mesa viajará a España en los próximos días para oficializar la operación.elpaisdigital