Autoridades de la Intendencia de Rocha declararon ante la
Justicia por una denuncia penal que instruyen la jueza María Noel Tonarelli y
la fiscal Silvana Pedulla por abuso de funciones por la demolición de ranchos
en Punta del Diablo.
El intendente de Rocha, Artidas Barrios; el director de
Ordenamiento territorial y medio ambiente, Antonio Graña; el abogado de la
comuna, Angel Sosa, y el prefecto de Chuy, Karil Borderry, son los indagados en
la causa y fueron interrogados ayer viernes.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, los
denunciados presentaron antecedentes administrativos de la intendencia y
explicaron en su defensa que desde 1992 la comuna de Rocha ha demolido
distintas casas que estaban en situación irregular en territorio fiscal.
En setiembre de 2011, la Intendencia de Rocha demolió unos
70 ranchos ubicados en la franja costera de Punta del Diablo, con el argumento
de que fueron construidos en forma irregular y situados en terrenos públicos,
como parte de un proceso de recuperación del balneario. La resolución fue
resistida por los propietarios, por lo que la demolición se efectuó con apoyo
de efectivos de la Policía y la Prefectura Nacional.
A fines de 2013, los propietarios damnificados por las
demoliciones presentaron una denuncia penal por abuso innominado de funciones
contra Barrios y otros funcionarios involucrados en esos hechos, en el
entendido de que se efectuaron en “forma abusiva” y sin orden judicial.
El abogado de los vecinos, Diego Durand, declaró a la revista
Caras y Caretas que a su juicio, la comuna cometió el abuso porque “estando
pendientes resoluciones judiciales, igualmente la intendencia procedió a
demoler, en carácter de policía, los ranchos, alegando que eran terrenos
fiscales”.
Por eso, el abogado cree que la comuna incurrió en “un abuso
de poder de las facultades encomendadas”, ya que la comuna “no puede hacer
cualquier cosa y olvidarse de respetar la Constitución ni las leyes”, dijo.
“La intendencia se apuró, obró con la intención de tirar,
gratuitamente, sin valorar las consecuencias de lo que estaba realizando, como
la destrucción del balneario, de lo pintoresco de la zona, y tuvo un costo para
la intendencia porque las máquinas valen mucha plata (…) Se pretendió hacer un
ordenamiento a costa de tirar los ranchos, la parte más autóctona del pueblo”,
señaló Durand a la publicación.
La denuncia pide también que se investigue un eventual
delito de “conjunción del interés público y privado”, ante la eventualidad de
que la demolición haya significado un beneficio para “algunos privados”.
“Queremos saber si existió responsabilidad en ese sentido porque nos llama la
atención que la intendencia proceda en forma abusiva e intempestiva a tirar sin
permitir a la gente que acuda a la Justicia y goce de sus derechos”, dijo
Durand.
