El artículo 173 del Código Penal señala que se comete
desacato cuando, entre otras cosas, se da la "desobediencia abierta al
mandato" de la autoridad pública. Dicho artículo prevé un castigo de entre
tres y 18 meses de cárcel.
Cada año, los atractivos del balneario La Pedrera atraen a
miles de visitantes. Y cada año se reproduce el choque entre los turistas y los
vecinos que desean descansar sin ruidos, gritos y música a todo volumen hasta
la madrugada.
Esta puja llegó a los juzgados civiles y penales de Rocha.
Los incidentes generados por visitantes y el supuesto desbordes de los pozos
negros de los boliches, llevó a medio centenar de vecinos a presentar, en
febrero de este año, un recurso de amparo en un juzgado civil. El recurso, que
fue presentado por el abogado penalista Pablo Correa, procuraba que la
intendencia respetara la ordenanza que prohibe la instalación de locales
bailables en La Pedrera.
Los vecinos insistían en que los pubs se llenaban de
personas y que sus baños no eran suficientes. Ante las críticas, la Intendencia
de Rocha colocó baños químicos pero éstos no cubrían la demanda, según los
vecinos.
Para evitar el recurso, la Intendencia de Rocha firmó un
acuerdo por el cual se comprometía a clausurar los boliches y hacer cumplir la
normativa bajo apercibimiento de desacato, dijo a El País una fuente del caso.
El 8 de febrero de este año se realizó el tradicional
desfile de carnaval por las principales calles del balneario. Miles de turistas
disfrazados invadieron las calles del balneario. En cada festejo, se levantan
unas 10 toneladas de residuos.
Los pubs funcionaron como discotecas y trabajaron a pleno,
se quejaron los vecinos.
"El tema no es solo el ruido sino también hay un
problema ambiental porque La Pedrera no tiene saneamiento y los pozos de los
boliches se desbordan. Además mucha gente prefiere hacer sus necesidades en los
predios de los vecinos", dijo la fuente.
Unos 50 vecinos consideraron que la Intendencia de Rocha
incumplió con el acuerdo alcanzado en un juzgado civil y denunciaron penalmente
a la comuna y a los propietarios de cinco boliches radicados en el balneario.
El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra y los empresarios
denunciados deberán comparecer en calidad de indagados —fueron citados a
comparecer al Juzgado Penal de Rocha acompañados de abogados— el 7 de marzo de
2017.
Según la denuncia penal, el intendente Pereyra habría
incurrido en desacato al no clausurar a dichos locales bailables en carnaval
pese a estar obligado por sentencia del juzgado civil del 4 de febrero de este
año. También habrían cometido desacato los propietarios de los locales
bailables, según las fuentes.
El artículo 173 del Código Penal señala que se comete
desacato cuando, entre otras cosas, se da la "desobediencia abierta al
mandato" de la autoridad pública. Dicho artículo prevé un castigo de entre
tres y 18 meses de cárcel.
Citación.
Consultado por El País sobre su citación a un juzgado penal
por una denuncia de los vecinos de La Pedrera, el intendente Pereyra dijo que
se trataba de una historia que se repite todos los veranos.
"La Intendencia está para defender el interés general,
el desarrollo del territorio y la gente. Este abogado (Pablo Correa) defiende
otros intereses y le pagan para eso", dijo.
Enseguida Pereyra agregó: "Si tengo que ir preso por
este tema, voy con gusto; sin ningún problema".
Negó que la intendencia haya incumplido el acuerdo judicial
firmado con los vecinos.
Según Pereyra, luego de firmar la conciliación, la
Intendencia actuó. "Tenemos todas las pruebas de que la Intendencia hizo
cumplir con las habilitaciones de pub de esos locales", insistió.
El jefe comunal dijo que se supervisó la cantidad de
personas que ingresaban a los pubs, los horarios de los mismos y el volumen de
la música, entre otros ítems.
Pereyra criticó al abogado denunciante por hacer pública las
quejas de algunos propietarios de inmuebles de La Pedrera pocos días después de
Carnaval, en la pasada temporada veraniega. "Ahora este hombre reaviva la
discusión entre la Intendencia y algunos propietarios, porque esa calidad no
los transforma en vecinos", dijo el intendente. Enseguida agregó: "Hay
gente que se cree dueño de La Pedrera y actúa en consecuencia".
Recalcó que la intendencia procura que exista un equilibrio
en la costa rochense durante el verano en el sentido de que aquellos visitantes
que busquen diversión tengan locales bailables y las personas que pretendan
descansar también puedan hacerlo. "Sin embargo, que el abogado Correa
anuncie en diciembre que en marzo de 2017 nos llevará al Juzgado me llama la
atención. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aportes hacen los propietarios previo a la
temporada al anunciar mi comparecencia al juzgado? Los boliches aún no
comenzaron a funcionar en el balneario", dijo.
EDUARDO BARRENECHE
El Paìs.
