Informe de Garcé al parlamento
nueve meses del incendio en la cárcel de Rocha en que perdieron la vida 12 reclusos, las autoridades penitenciarias aún no desmantelaron las ranchadas que dividen los espacios de convivencia y que posibilitan la propagación del fuego y la intoxicación en casos de accidentes.
En la recorrida que realizó el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, el miércoles pasado al centro penitenciario, pudo constatar que no se han retirado las ranchadas (divisorias de nylon, tela o cartón) dentro de los pabellones colectivos, según informó a Ultimas Noticias.
Si bien la cantidad de ranchadas disminuyó, el comisionado advirtió que el hecho de que aún existan es un aspecto negativo de la gestión carcelaria y a su vez considera que esto se debe a la falta de firmeza en las autoridades.
La presencia peligrosa de ranchadas se repite en la cárcel de Maldonado y Colonia, según el comisionado; aunque en esta última la Jefatura local dispuso la eliminación, lograron el apoyo de los reclusos para levantar paredes de material y eliminar estas divisorias que ponían en riesgo sus vidas. En el caso de las dos cárceles restantes, la oposición de los reclusos a tomar esta medida también es un obstáculo para cambiar la situación.
Garcé presentará el 14 de abril ante el Parlamento un informe anual sobre la situación de las cárceles, en que detalla que el sistema carcelario aloja a más de 9.000 reclusos y su capacidad es de aproximadamente 5.000.
En tanto, los centros que se encuentran en situación de alto hacinamiento son: Comcar, la cárcel de Canelones y el pabellón femenino de este mismo centro.
Justicia que no llega
Además del deterioro edilicio (los planes de construir uno nuevo lejos de la zona céntrica datan de hace décadas), uno de los grandes problemas era el hacinamiento. En el momento del incendio el local principal, pensado para 55 a 60 personas, albergaba a 130. En esta y en otras cárceles es común que para conseguir intimidad los reclusos armen “ranchadas” (subdivisiones de las celdas hechas con frazadas, sábanas o cartones), que en este caso fueron decisivas para que el fuego se expandiera rápidamente. En 2005, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé había sugerido “eliminar las caóticas divisorias, en virtud del alto riesgo de incendio”, y sustituirlas por otros materiales más adecuados.
Caballero detalló que para que no vuelva a ocurrir un incendio “se tomaron las medidas que fueron recomendadas por la Dirección Nacional de Bomberos, eso implica un reordenamiento y un entrenamiento para todo el personal que presta servicios en la cárcel”. Indicó que se mejoraron las instalaciones eléctricas, que colocaron paneles solares para calentar el agua de las duchas, que se hicieron reparaciones en paredes y se pintó el edificio. Respecto a las ranchadas, dijo que “se trabajó y la mayoría se eliminó”.
La “emergencia carcelaria” fue declarada en 2005, y posteriormente organizaciones internacionales han encomendado “la necesidad urgente de tomar medidas” contra las “violaciones de derechos humanos a gran escala”, como ocurre en las cárceles. Pero el cumplimiento de estas responsabilidades se hace esperar.
nueve meses del incendio en la cárcel de Rocha en que perdieron la vida 12 reclusos, las autoridades penitenciarias aún no desmantelaron las ranchadas que dividen los espacios de convivencia y que posibilitan la propagación del fuego y la intoxicación en casos de accidentes.En la recorrida que realizó el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, el miércoles pasado al centro penitenciario, pudo constatar que no se han retirado las ranchadas (divisorias de nylon, tela o cartón) dentro de los pabellones colectivos, según informó a Ultimas Noticias.
Si bien la cantidad de ranchadas disminuyó, el comisionado advirtió que el hecho de que aún existan es un aspecto negativo de la gestión carcelaria y a su vez considera que esto se debe a la falta de firmeza en las autoridades.
La presencia peligrosa de ranchadas se repite en la cárcel de Maldonado y Colonia, según el comisionado; aunque en esta última la Jefatura local dispuso la eliminación, lograron el apoyo de los reclusos para levantar paredes de material y eliminar estas divisorias que ponían en riesgo sus vidas. En el caso de las dos cárceles restantes, la oposición de los reclusos a tomar esta medida también es un obstáculo para cambiar la situación.
Garcé presentará el 14 de abril ante el Parlamento un informe anual sobre la situación de las cárceles, en que detalla que el sistema carcelario aloja a más de 9.000 reclusos y su capacidad es de aproximadamente 5.000.
En tanto, los centros que se encuentran en situación de alto hacinamiento son: Comcar, la cárcel de Canelones y el pabellón femenino de este mismo centro.
Justicia que no llega
La madrugada del 8 de julio se incendió un pabellón de la cárcel de Rocha en el que vivían 20 personas; 12 murieron y ocho sufrieron heridas y quemaduras. La justicia tiene a su cargo la investigación para determinar qué sucedió. A pesar de que el Estado debe velar por la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, la posibilidad de un incendio en esa cárcel había sido anunciado por lo menos desde hacía cinco años. A casi seis meses, ese y otros establecimientos mantienen las condiciones de riesgo.
El edificio, construido en 1878, está ubicado a dos cuadras de la plaza principal. la diaria sólo pudo recorrerlo por fuera, bordeando su perímetro. En el casco principal relucía el blanco de la pintura aplicada meses después del siniestro. No obstante, como el tema está en proceso de investigación permanecían intocables, latentes, los lengüetazos negros dejados por las bocanadas de humo y fuego que salieron aquella noche por la pequeña ventana, la que no alcanzó a combatir la toxicidad de los colchones de polifón.Además del deterioro edilicio (los planes de construir uno nuevo lejos de la zona céntrica datan de hace décadas), uno de los grandes problemas era el hacinamiento. En el momento del incendio el local principal, pensado para 55 a 60 personas, albergaba a 130. En esta y en otras cárceles es común que para conseguir intimidad los reclusos armen “ranchadas” (subdivisiones de las celdas hechas con frazadas, sábanas o cartones), que en este caso fueron decisivas para que el fuego se expandiera rápidamente. En 2005, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé había sugerido “eliminar las caóticas divisorias, en virtud del alto riesgo de incendio”, y sustituirlas por otros materiales más adecuados.
Eduardo Mederos, ex recluso sobreviviente del incendio, indicó a la diaria que él y otros dos compañeros (uno de ellos fallecido) habían presentado en abril un proyecto a la dirección del establecimiento para aplicar un curso de construcción a distancia (mediante un CD, costeado por la familia del fallecido) para levantar paredes y eliminar las ranchadas, porque aquello era “una bomba de tiempo”. La propuesta no fue aceptada.
La cárcel no contaba con la habilitación de bomberos, los dos extintores estaban descargados y el personal de custodia era escaso; además, no contaba con “directivas protocolizadas y difundidas para enfrentar situaciones de grave emergencia”, según el informe elaborado por Garcé el 13 de julio. La instalación eléctrica era extremadamente precaria, lo que también había sido señalado por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que había visitado el lugar una semana antes de los hechos.Sigue así
En diálogo con la diaria Alcides Caballero, jefe de policía de Rocha, remarcó que luego del 8 de julio disminuyó la población carcelaria.Caballero detalló que para que no vuelva a ocurrir un incendio “se tomaron las medidas que fueron recomendadas por la Dirección Nacional de Bomberos, eso implica un reordenamiento y un entrenamiento para todo el personal que presta servicios en la cárcel”. Indicó que se mejoraron las instalaciones eléctricas, que colocaron paneles solares para calentar el agua de las duchas, que se hicieron reparaciones en paredes y se pintó el edificio. Respecto a las ranchadas, dijo que “se trabajó y la mayoría se eliminó”.
La “emergencia carcelaria” fue declarada en 2005, y posteriormente organizaciones internacionales han encomendado “la necesidad urgente de tomar medidas” contra las “violaciones de derechos humanos a gran escala”, como ocurre en las cárceles. Pero el cumplimiento de estas responsabilidades se hace esperar.
