La tregua alcanzada en el tema patentes de rodados después de décadas de guerra entre las
intendencias, se puede terminar si la Justicia le da la razón a los recursos de
inconstitucionalidad presentados, lo que haría caer la ley.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene a
estudio más de una decena de escritos presentados contra la ley 18.860, por la
que se creó el Sistema único de cobro de ingresos vehiculares (Sucive) que
plantean la violación a la autonomía municipal.Uno de esos reclamos fue
presentado por dos propietarios de vehículos del departamento de Colonia. Uno
de ellos pasó a pagar más del doble desde que empezó a regir el nuevo sistema.
Los reclamos reúnen a varios contribuyentes.El caso involucra a una camioneta
modelo Land Rover Freelander del año 2000 cuyo valor de mercado es de US$
17.000. El precio de la patente anual pasó
de $ 14.000 a $ 33.000, cuando la misma camioneta, pero cero kilómetro
del año 2012, paga $ 18.162, lo que se entiende “es un absoluto absurdo”, dice
la demanda.El otro vehículo es un auto marca BMW diesel del año 2004, cuyo
valor de mercado no supera los US$ 28.000 y debe pagar $ 50.000 de patente. El
modelo cero kilómetro de 2012 vale US$ 60.000 y paga $ 18.162 de patente.La
acción presentada por el abogado
Hermann Leis plantea la
inconstitucionalidad de seis artículos de la ley del Sucive que, a su juicio,
violan cuatro artículos de la Constitución, según el escrito
al que accedió a El Observador.Uno de esos artículos es el 297. La carta magna determina que serán
fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, decretados y
administrados por estos, los impuestos a los vehículos de transporte, según se
establece en el numeral 6.El artículo 9 del Sucive establece que los valores de
aforo vehiculares, alicuotas a aplicar y todo otro elemento necesario para
calcular el valor del impuesto, así como las formas de pago serán acordados por
el Congreso de Intendentes, considerando la propuesta que realice la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).Además se entiende que los artículos 1 y 3 de la ley, “al crear un
patrimonio de afectación y otorgarle como cometido” todo lo relativo al cobro
del impuesto a los vehículos, “quita a los gobiernos departamentales la
competencia que la carta le otorga, específicamente al intendente”, en el
artículo 275.Por otra parte, se afirma que la ley asigna funciones legislativas
al Congreso de Intendentes y desconoce que esta función está atribuida por la
Constitución a la Junta Departamental, según el artículo 273.“El Congreso de
Intendentes no está institucionalmente por encima de los gobiernos
departamentales. Se trata únicamente de un órgano consultivo (…) Una decisión
del Congreso no puede por definición imponerse a un gobierno departamental. Además
de violar la autonomía constitucional de los departamentos, distorsiona
radicalmente el sistema de descentralización territorial y las jurisdicciones
territoriales que establece la carta máxima”, manifiesta el documento redactado
por Leis.El otro artículo cuestionado en el recurso es el 262, que también
refiere a las funciones de los gobiernos departamentales.
“Extorsivo”También se cuestionan los artículos 5 y 8 de la
ley. Sobre este último se entiende que viola la autonomía departamental. “El
ingreso al sistema es tan forzado que no vacilamos en adjetivarlo de
extorsivo”, sostiene Leis en el recurso presentado ante la SCJ.
La inconstitucionalidad del sistema de patente única, que
funciona desde hace dos años, ha sido señalada por varios juristas. Para Martín
Risso, especialista en derecho constitucional, en este caso la violación es
“más clara” que en el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR),
por el cual la corte se pronunció a mediados de febrero y que el gobierno
derogó.Lo mismo opinó el tributarista Alberto Varela, para quien la norma
“ataca la independencia de los recursos departamentales”. Abogados consultados
por El Observador coincidieron en que se puede esperar la presentación de más
demandas de inconstitucionalidad, en la medida de que los propietarios que han
reclamado ante las intendencias por el reajuste de los aforos no obtengan
respuestas.Las comunas no responden a los recursos presentados por los
contribuyentes porque sostienen que la respuesta debe darla el Sucive.
