La Ley 19.128 que declara santuario de ballenas y delfines
al mar territorial y la zona económica exclusiva del país incorpora la
prohibición y penalización de agresiones y molestias intencionales a estos
mamíferos marinos, sostuvo el director nacional de Recursos Acuáticos (DINARA),
Daniel Gilardoni.
El organismo trabaja con especialistas de la región en un
plan de manejo para la conservación de la ballena franca austral.
Para la Comisión Ballenera Internacional un santuario es una
zona libre de caza de cetáceos, explicó el director nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA), Daniel Gilardoni.
"Con la promulgación de la Ley 19.128, Uruguay no solo
pasa a tener en el mar territorial y en su zona económica exclusiva un
santuario sino que adopta otras medidas proteccionistas adicionales. En ese
sentido, prohíbe y penaliza cualquier tipo de agresión o molestia intencional
que se realice a esos animales", fundamentó el jerarca.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la
DINARA habían establecido con anterioridad que la estrategia con los cetáceos
no es la caza sino el uso no letal de los mismos para el avistaje y el
establecimiento de puntos turísticos, por lo que esta ley refuerza un decreto
vigente porque establece aspectos muy similares a los contenidos en la presente
ley.
Navegación, principal amenaza
Gilardoni expresó a la Secretaría de Comunicación que los
controles para salvaguardar la integridad de ballenas y delfines en el mar no
es una tarea sencilla por razones de infraestructura y recursos humanos.
El entrevistado afirmó que hay otros instrumentos y
herramientas muy útiles. Mencionó, a modo de ejemplo, que la DINARA y la
Facultad de Ciencias (UdelaR) trabajan junto con especialistas de Argentina y
Brasil en un plan de manejo para la conservación de la ballena franca austral.
“Para nuestro país la amenaza más importante es la
navegación, buena parte de los varamientos se deben a las colisiones de las
embarcaciones con los cetáceos”, observó. “Habrá que analizar los corredores de
navegación y determinar qué medidas pueden mitigar esas amenazas, en lo que ya
se está trabajando”, sugirió.
En el caso de ANCAP que realiza prospecciones sísmicas en el
mar territorial tiene prevista la presencia de observadores a bordo que deben
cumplir la normativa vigente. De constatarse que hay cetáceos en el área donde
los buques realizan prospecciones el hecho puede determinar que la actividad se
enlentezca, detenga o cambie el punto de operaciones. “No solo importan los
controles sino todas las medidas tendientes a una mejor interacción entre las
actividades humanas y ballenas y delfines”, puntualizó Gilardoni.
Iniciativas en la región
El jerarca recordó que la DINARA, además, elaboró un
“instructivo muy completo” que prevé la operativa en la cercanía de estos
mamíferos marinos. El organismo y el Ministerio de Turismo y Deporte también
dictan cursos destinados a quienes operan las embarcaciones.
Gilardoni dijo que en el mundo hay ejemplos de santuarios,
reservas, zonas libres de caza, agresiones o molestias. En la región, Argentina
tiene zonas de protección marina; Brasil, un área de prohibición de caza y
Chile posee una ley similar a la de nuestro país.
Además, recordó que, en el ámbito de la Comisión Ballenera
Internacional, Uruguay, Brasil y Argentina propusieron un santuario para
proteger la ballena franca en el Atlántico Sur pero la iniciativa no logró
reunir los votos suficientes para su concreción.
