De las 37 adolescentes que están internadas en el Centro de
Internación de Adolescentes Femenino (Ciaf), 29 están medicadas; “no en
respuesta a situaciones de salud mental, sino como modalidad de control”, dijo
en el programa de Radio Uruguay De Ocho a Diez el coordinador de Comité de Derechos del Niño, Luis
Pedernera. La situación se ha deteriorado en los tres últimos años, advirtió.
La situación de las adolescentes mujeres constatada en las
inspecciones del grupo de trabajo sobre adolescentes privados de libertad “preocupa
particularmente", dijo. Las situaciones críticas que marcó la Institución
Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en junio, persistían en noviembre, apuntó
Pedernera.
Criticó que la seguridad sea la prioridad sobre otros
aspectos de atención. Señaló que se imponen privaciones como la de llevar
material de lectura al dormitorio e informó que se lee toda la correspondencia
que las adolescentes envían. Tampoco se permite ver televisión, señaló; “las
adolescentes piden convivencia y televisión”.
Las mejoras que las autoridades del Sirpa señalan son
puntuales, esfuerzos aislados, y no responden a un plan. “En el mismo predio se
ven diferencias abismales en la gestión del encierro”, añadió.
Pedernera dijo que en las inspecciones se recogen
testimonios creíbles de tortura. “Pedimos celo para esclarecer esas situaciones
y no hemos visto ese celo”, apuntó. Puso en cuestión, asimismo, los métodos de
investigación de las situaciones denunciadas.
Dijo que la negación de los hechos por parte de las
autoridades contribuye a instalar una lógica de la impunidad. Agregó que llama
la atención que desde autoridades de un gobierno de izquierda se afirme que las
denuncias son “de hábiles declarantes”. Recordó que esa era una práctica de la
dictadura y del nazismo.
“El norte son las penas no privativas de libertad”, sostuvo
Pedernera y añadió que hay que innovar en ese sentido. Agregó que los estudios
indican que la reincidencia es menor cuando las penas son de ese tipo.
Por otra parte, recordó que en Uruguay hay alrededor de
4.000 niños en hogares de amparo del Inau. “La institucionalidad que atiende
las situaciones de desamparo es heredera del viejo Consejo del Niño que no se
ha adecuado a los derechos del niño”, advirtió y enfatizó que se debe avanzar
en ese sentido.
Es necesario un debate sobre el ordenamiento de la
institucionalidad, dijo. “El derecho a vivir en familia es fundamental”,
subrayó.
