
El costo que tienen para la salud las situaciones generadas con armas, ejemplificó, es uno de los datos que la investigación busca determinar. De esa manera se busca fundamentar que, hasta del punto de vista económico, la inversión en políticas de desarme es una buena opción, explicó.
Otro de los objetivos de la investigación es determinar la incidencia de las armas en situaciones de infracción adolescente, dijo Fernández. También se busca despejar incógnitas acerca de cómo se accede a las armas, agregó.
La incidencia de las armas en casos de violencia de género es otro de los ejes de bordaje, apuntó.
“Queremos desmitificar la idea de que ingresar una arma al hogar es una buena medida para la defensa”, agregó Fernández y enfatizó que se apuesta a la información para avanzar hacia ese objetivo.
Otra de las preocupaciones de los investigadores es la proliferación de las empresas de seguridad privada. El control del Estado es un factor clave en ese sentido, dijo.
El crecimiento del mercado de armas “genera debilitamiento se la convivencia democrática”, subrayó. Las estrategias, puntualizó, no tiene por qué pasar por la prohibición, pero sí por la contención y la implementación de instancias de desincentivo.
El proyecto es una iniciativa de Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).