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viernes, 4 de diciembre de 2015

No es ficción:Docente de teatro en Rocha fue denunciado por acosar adolescentes.

 VIOLENCIAS DE GÉNERO
 Por Azul Cordo – Leticia Pérez
BRECHA


“Hoy en el ensayo me dieron ganas de besarte”, “Qué linda que te queda la calza”, “Estoy acostado y me encantaría que estuvieras aquí conmigo”, son algunos de los cientos de mensajes que, en los últimos tres años, el profesor de teatro en la sala 2 de Mayo de Castillos, envió a decenas de alumnas a través del celular o por Facebook. 

Tres de ellas se animaron a denunciarlo a principios de setiembre. 









Nueve testigos ,fueron citados a declarar y describir qué tipos de maltrato físico, verbal y psicológico recibieron o vieron por parte del docente. El lunes 30 declararon  testigos a favor del denunciado.

Al conocerse que el docente había sido denunciado por violencia privada y atentado violento al pudor -ya que la figura de acoso sexual no existe en el Código Penal-, parte de la comunidad tildó de “regaladas” a las adolescentes denunciantes y las acusan de “poner en riesgo” la continuidad de las clases de teatro. 

“Quienes nos instaron a denunciar ahora nos dan la espalda”, señalaron en diálogo con Brecha y detallaron que, en los casi tres meses que pasaron entre la denuncia ante la comisaría 1a de Rocha y la 4a de Castillos -realizadas el 11 y 12 de setiembre, respectivamente- y las audiencias que tuvieron esta semana, excompañeros de su clase junto a sus padres han montado grupos de Facebook en el que defienden al profesor e insultan a las jóvenes, además de gritarles y amenazarlas por la calle. “

Esta sociedad te pide que denuncies situaciones de violencia, pero luego agrede a quienes denuncian”, reflexionó una de las madres que acompañó a su hija de 16 años a denunciar al docente que la acosaba desde los 13.

“Cuando me dicen cosas les respondo: 'Ojalá que nunca te pase'”, agrega otra de las denunciantes que tiene 17 años. A ella, el profesor la citó en octubre de 2013 para el casting de la serie “Alguien”. Era de noche y la encerró en el camerino. 

“Le pregunté al docente cuál era el propósito de la reunión y me respondió: 'Hace mucho tiempo que quiero sentirme dentro tuyo'. Intentó tener contacto físico conmigo, pero yo me opuse. 

Alguien golpeó la puerta y preguntó si el docente estaba allí. Él me hizo una seña para que hiciera silencio. Salió, habló con la persona y volvió a entrar. Insistí en que me dijera el propósito del encuentro y terminó respondiendo: 'Quiero que seas parte de la serie'. Inmediatamente me retiré del lugar y comencé a ir a clases al otro día”, declaró. Meses después, el docente entró a uno de los baños que usaban para cambiarse el vestuario, “tocando mis partes íntimas e intentando besarme”. Ella y otras enumeraron varias situaciones de manoseo en los corredores de la sala cultural.
              

También las citaba fuera del horario de clase, con mensajes a la una de la mañana, bajo el pretexto de grabar alguna escena o ensayar partes de la obra. Las jóvenes buscaban estrategias para no concurrir o intentaban no ir solas: “Pensamos que era común en ese ambiente, en esa clase, que él nos mandara mensajes. 

Él hacía chistes y nos decía que era más nuestro amigo que nuestro profesor. Entre nosotras no nos contábamos lo que pasábamos con él porque nos generaba miedo, miedo a defraudar al grupo de teatro y miedo a cómo reaccionarían nuestros padres. 

Él nos hacía creer que tenía el poder de arruinarnos la vida”.
              

Si bien en 2012 las clases parecían planificadas, con expresión corporal y contenidos de improvisación, el espacio se fue desvirtuando y en largas horas de ensayo “había mucho bache”, comentaron las exalumnas. 

Hacia los padres y madres el mensaje era de responsabilidad y compromiso de los adolescentes con ese espacio de aprendizaje, hacia los participantes el mensaje era más fluctuante: exigía compromiso, pero sobre todo secretismo: “Siempre decía que había que defender al grupo y que 'lo que pasa en teatro se queda en teatro'”, logrando que las chiquilinas no contaran en sus hogares ni los comentarios obscenos, ni los malos tratos y burlas por cuestiones físicas o situaciones personales.
             

“Repetirles esa frase es perverso y está por fuera de la ética de cualquier docente. Un niño tiene que llegar a su casa y poder contar todo lo que vivió en la clase. Es macabro”, opinó Eleonora Mato, docente de música del liceo de Castillos que, a principios de agosto, mientras preparaban los tambores para una clase en la sala 2 de Mayo -ya que la infraestructura liceal no cuenta con recursos para desarrollar la actividad- comenzó a desenrollar una madeja de abusos. 

Una de las estudiantes le dijo “qué recuerdos me trae este lugar” y a su relato de acosos por parte del profesor de teatro se sumaron los de varios compañeros. Alertada y azorada, Mato habló con Cristian Silvera, director de la sala y docente de química, quien se comprometió a hablar con el acusado y añadió que: “Si hay pruebas que ameriten, se hará lo que se tenga que hacer”.

Corriendo el foco. 

Las autoridades municipales responsables del Centro Cultural 2 de Mayo fueron notificadas de lo que estaba pasando una vez que se efectuó la denuncia policial. 

“El director del centro, enterado por el docente y no por los denunciantes de que había habido esa denuncia en la policía, me informa a mí y yo al intendente”, dijo a Brecha Flora Veró, directora de Cultura de la Intendencia de Rocha. 

“El municipio, que también se entera por el director del centro, recibe dos días después una carta de los padres que traslada a la intendencia y esa carta se suma a la investigación que ya estaba resuelta. 

Fue posterior que los padres informaron al municipio”, agregó. Por su parte, el director del 2 de mayo, Cristian Silvera, negó conocer la situación de antemano y se amparó en el mecanismo formal. “A la fecha no tengo ninguna denuncia formal en el centro cultural, no existe ninguna nota que tenga acuso de recibo por quien te está hablando. Una nota con ese tenor tiene que tener un sello, una firma y una fecha”, afirmó.
Hasta el día de hoy el taller de teatro continúa funcionando. Pero a raíz del estado público que tomaron las denuncias hay quienes defienden en forma acérrima al docente y quienes de la misma manera lo repudian. 

Una suerte de enfrentamiento atravesado por la politización del asunto en términos partidarios que detona con la resolución municipal nº17/2015. Con fecha del 15 de setiembre, el Municipio de Castillos solicitó a la Intendencia una investigación administrativa para determinar “responsabilidades u omisiones” de Cristian Silvera y una separación preventiva del cargo del profesor. El mismo día, en la Junta Departamental, el edil nacionalista Marcelo Rocha fue más allá y solicitó también la separación del cargo de Silvera.

La alcaldía entendió que el director de la sala “no informó en tiempo y forma como corresponde los hechos denunciados, así como tampoco ha cumplido con los controles inherentes para evitar hechos de esa naturaleza”. 

Al respecto, Silvera respondió a Brecha: “Esa resolución no entró a la reunión de Concejo, no está avalada por los cinco concejales sino solamente por tres que corresponden a los que son del mismo partido político”. La resolución está firmada por el alcalde, Estacio Sena, y por las concejales Lucía Marchetti y Nancy Cardoso, los tres del Partido Nacional. 

Para el resto de los concejales, la resolución no refleja la decisión que tomó el Consejo. 

“Votamos solicitar a la intendencia que evaluara nuestra posición, que era la separación preventiva del cargo del profesor, no solo porque trabaja con menores sino por su propia seguridad”, explicó a Brecha el concejal Alejandro Baseli, y añadió: “La resolución hace hincapié en el director del centro, dice que fue negligente y no actuó ante los hechos ocurridos, cuando no sabemos si los hechos ocurrieron, eso lo tiene que determinar la justicia”.
              

Según fuentes consultadas por este semanario, la petición sobre Silvera persigue rédito político, más que justicia. El taller de teatro es uno de los tantos que funcionan en el centro, que además, es un espacio accesible a centros educativos de la zona y contiene una Usina Cultural. 

Algunos relatos hablan de arraigo, de “una revolución cultural”, pero también de una mirada recelosa por parte de la oposición política.

“Había un montón de gente que tenía necesidades y descubrió vocaciones porque se generó un espacio para eso, entre ellas el amor por el teatro. Parte de la revolución cultural de Castillos está generada por el trabajo de esta persona”, dijo, en referencia al docente denunciado, una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva. El temor de muchos es que el espacio, que “generó un lugar donde la gente puede hacer otra cosa además de mirar televisión o estar con la computadora o en el Facebook”, desaparezca.

Si bien los mecanismos de salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo la órbita de la normativa nacional e internacional recomienda ante un caso de presunto abuso interrumpir preventivamente el contacto entre víctima y victimario hasta determinar responsabilidades, nada de eso sucedió en este caso.

El lunes 30, la jueza de segundo turno en lo penal, Silvia Urioste, debía  expedirse respecto a la denuncia .La  investigación podría continuar en 2016.

La semana pasada caducó el plazo de la investigación administrativa iniciada por la Intendencia de Rocha para indagar sobre actuaciones irregulares del docente en la sala, como pernoctar allí y utilizar recursos públicos para cuestiones personales. 

La abogada sumariante, Verónica Veró, se negó a informar si su trabajo había concluido o si había solicitado una prórroga. “No voy a admitir presiones”, afirmó con evidente molestia.

Desde la dirección de Cultura de la Intendencia se entiende que la separación del cargo del docente en cuestión depende de la investigación. “No había demasiado asidero para tomar una resolución sin un informe jurídico”, dijo a Brecha Flora Veró.

 ¿No es suficiente una denuncia penal? “Depende de la resolución que toma el intendente en función de lo que informa Jurídica”, respondió.

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, resaltó que la intendencia inició la investigación un día antes de las resoluciones tomadas en el Municipio y en la Junta y que, hasta ahora, “no ha habido ninguna prueba contundente” que justifique la medida. Y agregó que, aunque exista una denuncia penal, no se lo puede separar del cargo en forma preventiva: “Hay que garantizar los derechos de todas las partes”. 

Pereyra afirmó que la abogada defensora de las denunciantes se negó a entregar pruebas a la administración. “No hay pruebas. Solo hay acusaciones públicas”, señaló el jerarca. Asimismo, destacó el manejo inescrupuloso de la información por parte de los medios, “que es tan grave como las propias denuncias”, por someter a “escarnio público” al docente y cuestionó el hecho de que Silvera fuera denunciado incluso más que al presunto abusador.

Tanto Pereyra como su directora de Cultura interpretaron que la lentitud de los tiempos judiciales ha de vincularse con la falta de asidero de las denuncias. “Debería haber actuado ya, si hubiera elementos”, dijo Pereyra.

Elogio de la duda. 

“Uno tiene que enfrentar las situaciones que le hacen daño, no podemos tener lástima de los agresores”, dijo Mato, que acompañó a las adolescentes y a sus madres a hacer la denuncia en Rocha y colaboró en fortalecer el grupo de denunciantes: “Les tuve que explicar que eran víctimas porque ellas se sentían culpables”, añadió. 

Las chicas venían de años de amenazas, como que si no tenían relaciones sexuales con el docente, perdían el papel en la obra. 

Si alguna le respondía que contaría lo sucedido al encargado de la sala, el actor respondía: “A mí nadie me va a sacar de acá porque yo tengo mis contactos”. 

“Por eso no denuncié en el momento. Sentía mucho miedo y pensaba que nadie me iba a creer”, indicó una de ellas. “Al enterarnos de que éramos por lo menos cinco las que habíamos pasado por esto, eso nos dio fuerzas y seguridad para denunciar”, añadió otra.


La demora en denunciar fue criticada por la jueza de Paz de Castillos cuando les tomó declaración a las tres adolescentes el 14 de setiembre: “'¿Tuviste miedo?' '¿Te dio un beso y vos lo aceptaste?' '¿Por qué no le contaste a tu madre antes?'”, recuerdan que les dijo la magistrada. 

Les cuestionó por qué siguieron yendo a clases: “Nos pedía pruebas del acoso, pero yo no tengo cómo mostrarle que el profesor me tocaba en el baño”. 

Entre las pruebas que la abogada Laura Sosa le presentó al fiscal Rodrigo Morosoli hay conversaciones por Facebook en las que el docente pide que le cambien el nombre de contacto o borren los chats, además de decirles que las va a “esperar” hasta que cumplan 18 años. 

Una cuarta denuncia relata una fiesta en Aguas Dulces que tuvo lugar en 2013 luego de que el grupo de teatro se presentara en La Paloma y el docente les invitara a celebrar el éxito en una casa de ese balneario. Dos chicas no tuvieron permiso de sus padres y se volvieron a Castillos. 

El resto se quedó y el profesor les propuso hacer un juego en el que las “prendas” consistían en besarlo, representar escenas sexuales con él y desnudarse.

Las denunciantes están disconformes con las respuestas institucionales que han recibido: desde Inmujeres les respondieron que no podían ni debían opinar porque el caso ya estaba judicializado, además de puntualizarles que dicho instituto se ocupa de monitorear las políticas públicas de género y sugerirles que “pensaran de verdad” lo que estaban haciendo y “bajaran un cambio”. 

Mato llamó a la Línea Azul de INAU pero le dijeron que no podían intervenir porque solo lo hacen en situaciones registradas a nivel doméstico. 

“Me recomendaron que hiciera la denuncia desde el liceo, pero la directora me dijo que no le correspondía. La única institución que apoyó fue el hospital”, sostuvo la docente, afirmación que es compartida por las denunciantes y su abogada.


Una psicóloga del hospital de Castillos fue clave para poder fortalecer la autoestima de las adolescentes y empoderarlas para declarar, considerando que “por un beso no lo van a procesar”, indicó Sosa. 

Ella ha recabado pruebas para demostrar que el profesor cometió un delito continuado, bajo la tipificación de “violencia privada” (cuando una persona obliga a otra, bajo amenaza, a hacer algo que no quiere) y “atentado violento al pudor”.  

“Nadie pide que vaya a la cárcel, pero sí que lo retiren del cargo”, expresó la abogada.