VIOLENCIAS DE GÉNERO
Por Azul Cordo
– Leticia Pérez
BRECHA
“Hoy en el
ensayo me dieron ganas de besarte”, “Qué linda que te queda la calza”, “Estoy
acostado y me encantaría que estuvieras aquí conmigo”, son algunos de los
cientos de mensajes que, en los últimos tres años, el profesor de teatro en la
sala 2 de Mayo de Castillos, envió a decenas de alumnas a través del celular o
por Facebook.
Tres de ellas se animaron a denunciarlo a principios de
setiembre.
Nueve testigos ,fueron citados a declarar y describir qué
tipos de maltrato físico, verbal y psicológico recibieron o vieron por parte
del docente. El lunes 30 declararon testigos a favor del denunciado.
Al
conocerse que el docente había sido denunciado por violencia privada y atentado
violento al pudor -ya que la figura de acoso sexual no existe en el Código
Penal-, parte de la comunidad tildó de “regaladas” a las adolescentes
denunciantes y las acusan de “poner en riesgo” la continuidad de las clases de
teatro.
“Quienes nos instaron a denunciar ahora nos dan la espalda”, señalaron
en diálogo con Brecha y detallaron que, en los casi tres meses que pasaron
entre la denuncia ante la comisaría 1a de Rocha y la 4a de Castillos
-realizadas el 11 y 12 de setiembre, respectivamente- y las audiencias que
tuvieron esta semana, excompañeros de su clase junto a sus padres han montado
grupos de Facebook en el que defienden al profesor e insultan a las jóvenes,
además de gritarles y amenazarlas por la calle. “
Esta sociedad te pide que
denuncies situaciones de violencia, pero luego agrede a quienes denuncian”,
reflexionó una de las madres que acompañó a su hija de 16 años a denunciar al
docente que la acosaba desde los 13.
“Cuando me
dicen cosas les respondo: 'Ojalá que nunca te pase'”, agrega otra de las
denunciantes que tiene 17 años. A ella, el profesor la citó en octubre de 2013
para el casting de la serie “Alguien”. Era de noche y la encerró en el
camerino.
“Le pregunté al docente cuál era el propósito de la reunión y me
respondió: 'Hace mucho tiempo que quiero sentirme dentro tuyo'. Intentó tener
contacto físico conmigo, pero yo me opuse.
Alguien golpeó la puerta y preguntó
si el docente estaba allí. Él me hizo una seña para que hiciera silencio.
Salió, habló con la persona y volvió a entrar. Insistí en que me dijera el
propósito del encuentro y terminó respondiendo: 'Quiero que seas parte de la
serie'. Inmediatamente me retiré del lugar y comencé a ir a clases al otro
día”, declaró. Meses después, el docente entró a uno de los baños que usaban
para cambiarse el vestuario, “tocando mis partes íntimas e intentando besarme”.
Ella y otras enumeraron varias situaciones de manoseo en los corredores de la
sala cultural.
También las citaba fuera del
horario de clase, con mensajes a la una de la mañana, bajo el pretexto de
grabar alguna escena o ensayar partes de la obra. Las jóvenes buscaban
estrategias para no concurrir o intentaban no ir solas: “Pensamos que era común
en ese ambiente, en esa clase, que él nos mandara mensajes.
Él hacía chistes y
nos decía que era más nuestro amigo que nuestro profesor. Entre nosotras no nos
contábamos lo que pasábamos con él porque nos generaba miedo, miedo a defraudar
al grupo de teatro y miedo a cómo reaccionarían nuestros padres.
Él nos hacía
creer que tenía el poder de arruinarnos la vida”.
Si bien en 2012 las clases
parecían planificadas, con expresión corporal y contenidos de improvisación, el
espacio se fue desvirtuando y en largas horas de ensayo “había mucho bache”,
comentaron las exalumnas.
Hacia los padres y madres el mensaje era de
responsabilidad y compromiso de los adolescentes con ese espacio de
aprendizaje, hacia los participantes el mensaje era más fluctuante: exigía
compromiso, pero sobre todo secretismo: “Siempre decía que había que defender
al grupo y que 'lo que pasa en teatro se queda en teatro'”, logrando que las chiquilinas
no contaran en sus hogares ni los comentarios obscenos, ni los malos tratos y
burlas por cuestiones físicas o situaciones personales.
“Repetirles esa frase es perverso
y está por fuera de la ética de cualquier docente. Un niño tiene que llegar a su
casa y poder contar todo lo que vivió en la clase. Es macabro”, opinó Eleonora
Mato, docente de música del liceo de Castillos que, a principios de agosto,
mientras preparaban los tambores para una clase en la sala 2 de Mayo -ya que la
infraestructura liceal no cuenta con recursos para desarrollar la actividad-
comenzó a desenrollar una madeja de abusos.
Una de las estudiantes le dijo “qué
recuerdos me trae este lugar” y a su relato de acosos por parte del profesor de
teatro se sumaron los de varios compañeros. Alertada y azorada, Mato habló con
Cristian Silvera, director de la sala y docente de química, quien se
comprometió a hablar con el acusado y añadió que: “Si hay pruebas que ameriten,
se hará lo que se tenga que hacer”.
Corriendo
el foco.
Las autoridades municipales responsables del Centro Cultural 2 de Mayo
fueron notificadas de lo que estaba pasando una vez que se efectuó la denuncia
policial.
“El director del centro, enterado por el docente y no por los
denunciantes de que había habido esa denuncia en la policía, me informa a mí y
yo al intendente”, dijo a Brecha Flora Veró, directora de Cultura de la
Intendencia de Rocha.
“El municipio, que también se entera por el director del
centro, recibe dos días después una carta de los padres que traslada a la
intendencia y esa carta se suma a la investigación que ya estaba resuelta.
Fue
posterior que los padres informaron al municipio”, agregó. Por su parte, el
director del 2 de mayo, Cristian Silvera, negó conocer la situación de antemano
y se amparó en el mecanismo formal. “A la fecha no tengo ninguna denuncia
formal en el centro cultural, no existe ninguna nota que tenga acuso de recibo
por quien te está hablando. Una nota con ese tenor tiene que tener un sello,
una firma y una fecha”, afirmó.
Hasta el día
de hoy el taller de teatro continúa funcionando. Pero a raíz del estado público
que tomaron las denuncias hay quienes defienden en forma acérrima al docente y
quienes de la misma manera lo repudian.
Una suerte de enfrentamiento atravesado
por la politización del asunto en términos partidarios que detona con la
resolución municipal nº17/2015. Con fecha del 15 de setiembre, el Municipio de
Castillos solicitó a la Intendencia una investigación administrativa para
determinar “responsabilidades u omisiones” de Cristian Silvera y una separación
preventiva del cargo del profesor. El mismo día, en la Junta Departamental, el
edil nacionalista Marcelo Rocha fue más allá y solicitó también la separación
del cargo de Silvera.
La alcaldía
entendió que el director de la sala “no informó en tiempo y forma como
corresponde los hechos denunciados, así como tampoco ha cumplido con los
controles inherentes para evitar hechos de esa naturaleza”.
Al respecto,
Silvera respondió a Brecha: “Esa resolución no entró a la reunión de Concejo,
no está avalada por los cinco concejales sino solamente por tres que
corresponden a los que son del mismo partido político”. La resolución está
firmada por el alcalde, Estacio Sena, y por las concejales Lucía Marchetti y
Nancy Cardoso, los tres del Partido Nacional.
Para el resto de los concejales,
la resolución no refleja la decisión que tomó el Consejo.
“Votamos solicitar a
la intendencia que evaluara nuestra posición, que era la separación preventiva
del cargo del profesor, no solo porque trabaja con menores sino por su propia
seguridad”, explicó a Brecha el concejal Alejandro Baseli, y añadió: “La
resolución hace hincapié en el director del centro, dice que fue negligente y
no actuó ante los hechos ocurridos, cuando no sabemos si los hechos ocurrieron,
eso lo tiene que determinar la justicia”.
Según fuentes consultadas por este
semanario, la petición sobre Silvera persigue rédito político, más que
justicia. El taller de teatro es uno de los tantos que funcionan en el centro,
que además, es un espacio accesible a centros educativos de la zona y contiene
una Usina Cultural.
Algunos relatos hablan de arraigo, de “una revolución
cultural”, pero también de una mirada recelosa por parte de la oposición
política.
“Había un
montón de gente que tenía necesidades y descubrió vocaciones porque se generó
un espacio para eso, entre ellas el amor por el teatro. Parte de la revolución
cultural de Castillos está generada por el trabajo de esta persona”, dijo, en
referencia al docente denunciado, una fuente que prefirió mantener su identidad
en reserva. El temor de muchos es que el espacio, que “generó un lugar donde la
gente puede hacer otra cosa además de mirar televisión o estar con la
computadora o en el Facebook”, desaparezca.
Si bien los
mecanismos de salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo
la órbita de la normativa nacional e internacional recomienda ante un caso de
presunto abuso interrumpir preventivamente el contacto entre víctima y
victimario hasta determinar responsabilidades, nada de eso sucedió en este
caso.
El lunes
30, la jueza de segundo turno en lo penal, Silvia Urioste, debía expedirse
respecto a la denuncia .La investigación podría continuar en 2016.
La semana
pasada caducó el plazo de la investigación administrativa iniciada por la
Intendencia de Rocha para indagar sobre actuaciones irregulares del docente en
la sala, como pernoctar allí y utilizar recursos públicos para cuestiones
personales.
La abogada sumariante, Verónica Veró, se negó a informar si su
trabajo había concluido o si había solicitado una prórroga. “No voy a admitir
presiones”, afirmó con evidente molestia.
Desde la
dirección de Cultura de la Intendencia se entiende que la separación del cargo
del docente en cuestión depende de la investigación. “No había demasiado
asidero para tomar una resolución sin un informe jurídico”, dijo a Brecha Flora
Veró.
¿No es suficiente una denuncia penal? “Depende de la resolución que toma
el intendente en función de lo que informa Jurídica”, respondió.
El
intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, resaltó que la intendencia inició la
investigación un día antes de las resoluciones tomadas en el Municipio y en la
Junta y que, hasta ahora, “no ha habido ninguna prueba contundente” que
justifique la medida. Y agregó que, aunque exista una denuncia penal, no se lo
puede separar del cargo en forma preventiva: “Hay que garantizar los derechos
de todas las partes”.
Pereyra afirmó que la abogada defensora de las
denunciantes se negó a entregar pruebas a la administración. “No hay pruebas. Solo
hay acusaciones públicas”, señaló el jerarca. Asimismo, destacó el manejo
inescrupuloso de la información por parte de los medios, “que es tan grave como
las propias denuncias”, por someter a “escarnio público” al docente y cuestionó
el hecho de que Silvera fuera denunciado incluso más que al presunto abusador.
Tanto
Pereyra como su directora de Cultura interpretaron que la lentitud de los
tiempos judiciales ha de vincularse con la falta de asidero de las denuncias.
“Debería haber actuado ya, si hubiera elementos”, dijo Pereyra.
Elogio de
la duda.
“Uno tiene que enfrentar las situaciones que le hacen daño, no podemos
tener lástima de los agresores”, dijo Mato, que acompañó a las adolescentes y a
sus madres a hacer la denuncia en Rocha y colaboró en fortalecer el grupo de
denunciantes: “Les tuve que explicar que eran víctimas porque ellas se sentían
culpables”, añadió.
Las chicas venían de años de amenazas, como que si no
tenían relaciones sexuales con el docente, perdían el papel en la obra.
Si
alguna le respondía que contaría lo sucedido al encargado de la sala, el actor
respondía: “A mí nadie me va a sacar de acá porque yo tengo mis contactos”.
“Por eso no denuncié en el momento. Sentía mucho miedo y pensaba que nadie me
iba a creer”, indicó una de ellas. “Al enterarnos de que éramos por lo menos
cinco las que habíamos pasado por esto, eso nos dio fuerzas y seguridad para
denunciar”, añadió otra.
La demora
en denunciar fue criticada por la jueza de Paz de Castillos cuando les tomó
declaración a las tres adolescentes el 14 de setiembre: “'¿Tuviste miedo?' '¿Te
dio un beso y vos lo aceptaste?' '¿Por qué no le contaste a tu madre antes?'”,
recuerdan que les dijo la magistrada.
Les cuestionó por qué siguieron yendo a
clases: “Nos pedía pruebas del acoso, pero yo no tengo cómo mostrarle que el
profesor me tocaba en el baño”.
Entre las pruebas que la abogada Laura Sosa le
presentó al fiscal Rodrigo Morosoli hay conversaciones por Facebook en las que
el docente pide que le cambien el nombre de contacto o borren los chats, además
de decirles que las va a “esperar” hasta que cumplan 18 años.
Una cuarta
denuncia relata una fiesta en Aguas Dulces que tuvo lugar en 2013 luego de que
el grupo de teatro se presentara en La Paloma y el docente les invitara a
celebrar el éxito en una casa de ese balneario. Dos chicas no tuvieron permiso
de sus padres y se volvieron a Castillos.
El resto se quedó y el profesor les
propuso hacer un juego en el que las “prendas” consistían en besarlo,
representar escenas sexuales con él y desnudarse.
Las
denunciantes están disconformes con las respuestas institucionales que han
recibido: desde Inmujeres les respondieron que no podían ni debían opinar
porque el caso ya estaba judicializado, además de puntualizarles que dicho
instituto se ocupa de monitorear las políticas públicas de género y sugerirles
que “pensaran de verdad” lo que estaban haciendo y “bajaran un cambio”.
Mato
llamó a la Línea Azul de INAU pero le dijeron que no podían intervenir porque
solo lo hacen en situaciones registradas a nivel doméstico.
“Me recomendaron
que hiciera la denuncia desde el liceo, pero la directora me dijo que no le
correspondía. La única institución que apoyó fue el hospital”, sostuvo la
docente, afirmación que es compartida por las denunciantes y su abogada.
Una
psicóloga del hospital de Castillos fue clave para poder fortalecer la
autoestima de las adolescentes y empoderarlas para declarar, considerando que
“por un beso no lo van a procesar”, indicó Sosa.
Ella ha recabado pruebas para
demostrar que el profesor cometió un delito continuado, bajo la tipificación de
“violencia privada” (cuando una persona obliga a otra, bajo amenaza, a hacer
algo que no quiere) y “atentado violento al pudor”.
“Nadie pide que vaya a la cárcel, pero sí que
lo retiren del cargo”, expresó la abogada.
