El informe, encargado por la compañía a la consultora EIA y elevado a la Dirección Nacional de
Medio Ambiente -y difundido este jueves por el semanario Búsqueda-, detalla que "la llegada
personas foráneas puede aumentar la inseguridad en las localidades en esta zona (...) y motivar
la aparición o el incremento de la prostitución, la venta y consumo de alcohol y drogas y, en
general, la agitación de la vida nocturna y de comportamientos antisociales como delincuencia
violencia".
El documento también recoge el malestar y la incertidumbre de los pobladores del área, que temen que la prosperidad que traiga consigo la inversión sea transitoria, y en cambio tenga carácter permanente o de largo plazo "la conformación de asentamientos irregulares y de una subcultura delictiva que hoy la zona no tiene".
En este sentido, la consultora recomienda al gobierno que refuerce y dote de más recursos las
comisarías de Pueblo Centenario -la comunidad más cercana a la planta- y de Paso de los
Toros, así como la coordinación operativa entre las seccionales de los departamentos de Tacuarembó y Durazno.
Respecto a la que está en Paso de los Toros, se sugiere especialmente su reforzamiento de modo de "garantizar una buena atención a la población".
El aumento de la densidad demográfica que aparejará la inversión también provocará, según
estima la consultora, un impacto en la demanda de varios servicios, como agua, saneamiento transporte, energía, salud y comunicaciones, "pudiendo afectar el acceso de las poblaciones
actuales a los bienes y servicios que acostumbran utilizar":
Por último, señala que el incremento de la fuerza de trabajo en la zona provocará, asimismo,
aumento de la actividad sindical, aunque en este caso los efectos son evaluados como positivos
y negativos.
El Observador
