“Nos vamos a encerrar en nuestras casas hasta que haya una orden judicial”
“Nosotros nos vamos a encerrar todos en nuestras viviendas hasta que no haya una orden judicial para nuestras casas y con nuestros propios nombres”, señaló a El Observador Pedro Alemany, uno de los propietarios afectados.
Los propietarios de las viviendas ubicadas en las playas de Punta del Diablo sostienen que la Intendencia está violando los plazos judiciales y, por eso, no están dispuestos a dejar que sus casas sean derribadas así nomás.
La orden de la intendencia da orden de comenzar a demoler desde el lado de la cañada que se encuentra frente a la playa La Viuda y al terreno privado de Beyhaut.
Sin embargo, según contó a El Observador, Emilio Betancor, otro de los propietarios afectados por la medida, este lunes el abogado de la Intendencia se presentó en el lugar sin la orden judicial. Esto fue lo que motivó al trabajador que maneja la máquina topadora a detener su actividad, señaló Alemany. A esto se suma el hecho de que el propietario de la primera casa a derrumbar no se encuentra presente en el lugar.
El jueves pasado la jueza del caso resolvió desestimar el recurso de amparo presentado por los propietarios, quienes pedían detener esta medida. A raíz, de ello el abogado de los propietarios, Pedro Algorta se encuentra este lunes en el Chuy presentando la apelación. Según entienden los propietarios de estas viviendas, el tiempo para presentarla vence mañana, aunque la jueza ya les adelantó que está fuera de fecha.Si la apelación, tiene lugar, habría un lapso de 15 a 20 días para que se dicte la sentencia definitiva, explicó Betancor, por lo que la Intendencia debería suspender momentáneamente la iniciativa.
En este momento, hay un total de 50 personas congregadas en la zona entre propietarios, vecinos curiosos, prensa y efectivos policiales.
“La forma de que depongan su actitud es dialogando, no procederemos de forma violenta”, enfatizó Graña.
El jerarca señaló que les está recordando a los propietarios de esas fincas que ellos ocupan terrenos públicos y que deben devolverlos de inmediato.
Diez funcionarios de la comuna, con apoyo de Prefectura y del destacamento de policía de Punta del Diablo, están prontos para comenzar la demolición de setenta viviendas ubicadas en la faja costera.
No se registraron insultos ni situaciones de violencia, más allá de la resistencia misma a abandonar las viviendas.
Una situación particular es la de la escuela Nº 96 de Punta del Diablo que tiene parte de su terreno en un predio privado y otro en la parte fiscal.
El intendente de Rocha, Artigas Barrios, señaló que un particular donó un predio de 4.000 metros cuadrados para que se instale la escuela en la zona conocida como El Rivero, en donde funcionará el mencionado centro e incluso la policlínica.
Barrios, indicó que luego de haberse presentado el recurso de amparo por parte de más de 60 ciudadanos, se pudo conocer el domicilio de los mismos, según surge del expediente, dijo.
"Además de Montevideo y Canelones, también hay de otros puntos de nuestro país, incluso de Salto", agregó.
Afirmó, que los residentes permanentes no serán afectados, el retiro de algunas fincas por este motivo "queda en suspenso", hasta tanto se alcance una reubicación.
En la mañana de hoy el dueño de la maquinaría contratada para la demolición radicó una denuncia porque fue amenazado de muerte.
En la noche de ayer el dueño de la empresa recibió una llamada proveniente de Montevideo. Del otro lado de la línea un desconocido le dijo "Márquez, si mañana volteas un rancho sos boleta". El empresario capto el número y la hora. En la mañana de hoy radicó una denuncia en la ciudad de Chuy.
