En esta primera fase, que comenzará con la temporada
estival, la prueba se realizará de forma voluntaria y anónima en controles
aleatorios en la calle ejercidos por Policía de Tránsito.
Las partes están actualmente abocadas a la selección de los
diferentes métodos existentes en el mercado para detectar rastros de marihuana,
cocaína, metanfetaminas (estimulantes que afectan el sistema nervioso central)
y benzodiacepinas (depresores del sistema nervioso central).
Su consumo puede ser detectado en diversas muestras
biológicas, como sangre, orina, saliva, sudor e incluso cabello. No obstante,
una muestra de saliva extraída por un hisopo que se pasa por la lengua y luego
por un reactivo es el método que hoy está predominando en Europa por su comodidad:
no es invasivo, no presenta riesgo sanitario y es rápido. La prueba dura entre
ocho y 10 minutos.
Los resultados obtenidos este verano no tendrán ninguna
repercusión legal, puesto que, en esta instancia, se busca conocer el grado de
uso de drogas por los conductores. “Es para saber dónde estamos parados a nivel
país”, dijo Pablo Inthamoussu, secretario general de Unasev, a El Observador.
En el primer semestre de 2012 se practicaron 23 mil
espirometrías en siniestros de tránsito, de las cuales 4,5% registró niveles
superiores al límite permitido. No obstante, no existen cifras comparables
sobre los accidentes relacionados con drogas ilegales y medicamentos
psicoactivos, los que también disminuyen las capacidades de los conductores al
volante.
A priori, las benzodiacepinas son el caso más complejo,
debido a su alto consumo por parte de la población uruguaya, por su efecto
negativo sobre la conducción y por la falta de advertencia por parte de los
médicos. En Europa se zanjó el problema con la obligación de que cada
medicamento lleve un logotipo de acuerdo a su grado de afectación al sueño. Un
millón de uruguayos toma psicofármacos, según cifras de la JND.
Antes de fin de mes, el grupo de trabajo finalizará la
propuesta de investigación y, lo que resulta fundamental para sus planes, el
cálculo del presupuesto para la compra de dispositivos, reactivos y honorarios
del personal, entre otras cuestiones, que deberán ser atendidas por el agente
de financiamiento. Una posibilidad es a través de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación. Inthamoussu señaló que cada dispositivo cuesta
US$ 25.
Próximo paso: fiscalización
Una vez que se cuente con esa información se podrá avanzar
en un estudio de prevalencia en siniestros. De esta manera, se conocerá la
correlación entre accidentes mortales y el consumo de distintas sustancias y
dosis.
Eso es lo que realizó la Unión Europea
mediante la ejecución de tres proyectos: Roadsite Testing Assessment I y II
(conocido como Rosita) y Driving under the influence of alcohol, drugs and
medicines (Druid). Estos relevaron que el porcentaje de positivos más alto
correspondió al cannabis (36%) seguido de las anfetaminas (20%, estimulantes).
Los datos sirvieron para controlar determinadas sustancias si se descubría que
su consumo generaba un riesgo de dos o tres veces mayor de provocar un
accidente.
Investigaciones demostraron que un conductor que
recientemente haya consumido cannabis o cualquier sustancia basada en
anfetaminas corre el mismo riesgo de chocar que un conductor con una
concentración de alcohol en sangre superior al 0,5.
Las regulaciones impuestas a las sustancias legales e
ilegales consiguieron una reducción del 10% de la mortandad por siniestros de
tránsito.
Eleuterio Umpiérrez, encargado de la Unidad de Medio Ambiente,
Drogas y Doping del Polo Tecnológico de Pando, explicó a El Observador que una
reducción semejante en Uruguay significa “salvar 60 vidas y evitar el efecto de
una muerte en 60 familias”. Los siniestros de tránsito son la principal causa
de muerte para los menores de 35 años. Y agregó: “Evitar esos daños justifica
invertir en un gasto nacional regular para disminuir estos casos”.
Cambios legales
El objetivo a futuro es realizar estos controles de forma
general, al mismo nivel que con el alcohol. Para esto será imprescindible
contar con la legislación correspondiente. Inthamoussu manifestó que, si bien
requerirá modificaciones legales, el país ya tiene experiencia en el combate a
sustancias. “Sería un escollo si tuviéramos que arrancar de cero como hicimos
con el alcohol pero hoy tenemos un camino avanzado”, apuntó.
En Francia se aplica sanciones más severa a los conductores que han consumido drogas y
alcohol. En Australia, la falta implica una multa de entre US$ 300 y US$ 13 mil
y se le retira la licencia de conducir hasta por 12 meses.
