En un país asiático se le devuelve a los dueños de
motocicletas incautadas por ruidos molestos un cubo de chatarra.
Más de un Rochense lo habrá imaginado cuando los caños de escape libre ensordecen su
cuadra.
Pero no le queda otra que seguir soñando (si concilia el sueño) porque
Uruguay no cuenta siquiera con una ley nacional reglamentada contra la
contaminación acústica ni con criterios unificados entre los departamentos.
Las
motos son el principal contaminante sonoro del medio urbano sin que exista una
fiscalización masiva ni conciencia de que el ruido es adictivo y dañino, y por
tanto, un tema de salud pública, y vulnerador de derechos humanos.
Es más, la
mayoría de las motos que se venden en plaza tienen una potencia acústica
superior al límite aceptado por una legislación regional a la que está suscrito
Uruguay.
La mayoría de las motos que se venden en el país ya vienen
de fábrica con una potencia acústica superior a la aceptada por la normativa
del Mercosur. “Una moto de 100 o 125 cc sale a la calle haciendo un ruido de 88
o 90 decibeles” .
Por ejemplo,
el modelo CG125 de Honda, disponible en Uruguay, tiene una potencia acústica de
fábrica de 89dbA, 12 decibeles más que los permitidos por el Mercosur con un
efecto sobre el organismo cuatro veces superior.
