Un extenso litigio judicial iniciado hace casi 30 años
contra la Intendencia de Rocha por la instalación de construcciones irregulares
en Punta del Diablo puede derivar en una sentencia contra el gobierno
departamental de más de US$ 627.500.000, monto que equivale a 12 años de
presupuesto de esta comuna.
El caso tuvo sentencia recién en
febrero de 1992 y fue a favor del reclamante, ya que la comuna resultó
condenada a desmantelar esas viviendas en 90 días.
Desde entonces comenzó un
extenso proceso con idas y venidas donde a pesar de la sucesión de
administraciones al frente de la Intendencia de Rocha la resolución judicial no
se cumplió y, en los hechos, la cantidad de construcciones irregulares en ese
balneario ha ido en aumento.
En 2004, Beyhaut inició la etapa de ejecución de la
sentencia dictada en 1992 donde se había estipulado una multa de 20 unidades reajustables
(UR) por cada día de incumplimiento por cada construcción no
demolida.
Liquidación
Basándose en una liquidación de 2006 hecha por peritos
contables del Instituto Técnico Forense, Beyhaut presentó a fines de 2014 su
liquidación de ejecución de sentencia y pidió que la Intendencia de Rocha sea
condenada a pagar US$ 627.522.478 ( 20.490.600 UR al valor de $ 730 de agosto
de 2014) por un incumplimiento de 21 años y 10 meses.
El plazo se computa desde
febrero de 1992 hasta agosto de 2014 y exceptúa siete meses de 1995 donde las
partes abrieron un espacio de negociación.
La jueza letrada de Chuy, María Noel
Tonarelli, ya dio vista de la liquidación a la Intendencia de Rocha para que la
comuna presente la suya y posteriormente resolverá al respecto.
El abogado de
Beyhaut, Daniel Reyes, dijo a El Observador
que su cliente ha tenido “buena voluntad” durante el proceso y reconoció
que el monto reclamado “es sideral e impagable”.
Agregó que entre agosto de
2014 y el mes pasado se llevó a adelante la última instancia de negociación en
base a la posibilidad de que a su representado se le exonere el pago de
tributos, se le entreguen bienes o se le ceda parte de la cartera de deudores
de la comuna.
“De nuestra parte hubo una intención de negociación”, dijo el
abogado.
Según el sistema que regula los astreintes (nombre técnico de la multa
diaria que se cobra por cada día de atraso en el cumplimiento de un fallo
judicial) lo generado por ese concepto se divide en “partes iguales” entre la contraparte y un
fondo gestionado por la Suprema Corte de Justicia.
Disparate
Consultado por El
Observador, el intendente de Rocha, Artigas Barrios —que al estar finalizando
su segundo mandato consecutivo no se postula en la elección del 10 de mayo—
dijo que el planteo de Beyhaut de querer cobrarle a la comuna una multa deUS$
627.522.478 “es un disparate”.
“Se está manejando un monto que nunca va a
llegar. Esa cifra se podría pagar si la intendencia no paga los sueldos ni hace
obras durante 12 años, porque ese es el presupuesto casi de dos
administraciones y media”, dijo Barrios.
El intendente sostuvo que hace unos 20
años la comuna suscribió un acuerdo con
Beyhaut por el que lo exoneró del pago de tributos en otras de sus propiedades,
cosa que inhabilitaría el reclamo.
En tal sentido, Barrios señaló que la
Intendencia de Rocha ya presentó ante la jueza Tonarelli informes de expertos
que avalan esa postura por lo que incluso el reclamante podría “tener que pagar
parte de los impuestos que no pagó”.Sin embargo, Reyes, el abogado de Beyhaut,
negó que su cliente haya firmado un convenio como dice Barrios y señaló que en
2004 la Justicia concluyó que “no existió ningún tipo de acuerdo”.
Fuente ElObservador
fotoDiarioElEste
