Se trata de que todas las personas en situación de discapacidad puedan ejercitar el pleno ejercicio de todos los derechos, lo que hasta este momento es un problema cultural y aptitudinal de la sociedad, aseguró Arismendi.
El plan se orienta hacia un cambio de paradigma sobre una nueva manera de pensar y actuar esta dimensión, basado en el modelo social de la discapacidad. La iniciativa da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006, así como a compromisos nacionales e internacionales asumidos oportunamente por el Estado uruguayo.
En el plan se refleja el trabajo interinstitucional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto al de la sociedad civil organizada. Los acuerdos en el documento están en consonancia con el Sistema Nacional de Cuidados y, de esta forma, aporta al abordaje de situaciones de vulnerabilidad que hasta ahora permanecían sin visibilidad.
Arismendi dijo que los acuerdos y los documentos generados son producto de la construcción de representantes de ámbitos públicos y privados, situación que impulsa y sostiene esta política en el tiempo, porque es un producto que todos defienden más allá de la permanencia de los gobiernos.
Expresó que el Diálogo Social, presentado por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 18 de noviembre también enfatizará en este tipo de experiencias, que son enriquecidas porque parte de diferentes sectores sociales con distintas visiones.
Este plan es un decreto presidencial desde setiembre de este año en el que también se asumen los compromisos adquiridos en la Convención Internacional y la ley promulgada en el año 2008.
Entre sus líneas estratégicas el plan apunta al fortalecimiento de las instituciones públicas que trabajan en el acceso a la justicia, especialmente en la capacitación de los recursos humanos de las oficinas públicas en la temática. También se espera que se puedan generar datos y entornos accesibles físicos y también en el área de la tecnología que faciliten el acceso de las personas con discapacidad.
Otra de las metas es la promoción de la formación de grado y posgrado universitaria en materia de discapacidad y acceso a la justicia. Asimismo se aborda a través de un equipo interdisciplinario la situación de personas privadas que están en situación de discapacidad.
FotoFuentePresidencia.
