Díaz explicó que el proceso penal actual es “inquisitivo, escrito y discontinuado” y el próximo será “acusatorio, adversarial, oral y público”.
Acusatorio porque la dirección de la investigación deja de estar en manos del juez y pasa a la Fiscalía, lo que separa las funciones de investigar y acusar; adversarial porque implica que habrá igualdad de armas entre el fiscal que representa al Estado y la defensa del imputado. Díaz destacó que los juicios orales supondrán una mayor transparencia.
La Suprema Corte de Justicia se ha mostrado favorable a esta reforma, que Díaz consideró “absolutamente imprescindible”, porque el sistema actual no cumple con los estándares mínimos de los tratados internacionales a los que el país está suscrito.
¿Viola los derechos humanos? “No le quepa a usted la menor duda”, respondió. “En primer lugar porque no se cumple con las normas del debido proceso, que exigen que haya un juez imparcial”. Esto implica que el magistrado no tenga relación de afecto, amor, odio con los acusados, lo que es la parcial subjetiva, pero también que tenga parcialidad objetiva y no esté involucrado con la investigación. Hoy en Uruguay, el juez no solo interactúa con la investigación, sino que directamente la dirige.
Comentó que en Europa se anularon dos juicios en Bélgica porque el juez antes había sido fiscal y había tenido una mínima participación en los casos. “Con ese criterio, todos los juicios penales en Uruguay serían nulos”, dijo Díaz.
¿El Poder Judicial está preparado para la reforma? El nuevo Código Procesal Penal está prácticamente pronto, si bien el fiscal de Corte aclaró que en los acuerdos de seguridad con la oposición se están haciendo agregados que consideró imprescindibles.
Afirmó que la Fiscalía estará lista para la reforma y que cree que el Poder Judicial también lo estará, ya que desde hace dos años se sabía que esto iba a darse así. Por falta de fondos, se determinó que el proceso se actualice de forma paulatina y la oralidad de los juicios se comience a aplicar recién en la segunda mitad del 2017, mientras que el resto comenzará ya el 1º de febrero.
Además de los juicios más parecidos a los que se ven hoy en las películas y la televisión, este cambio en el sistema de proceso penal afectará también otros aspectos que Díaz reconoció como muy negativos, como los altos índices de prisionización, que es de los más altos de América, superado solo por Estados Unidos, y en particular por la cantidad de personas que están en privación de libertad sin sentencia: el 64%.
“Es injustificable a nivel internacional”, declaró. También criticó que haya personas que salen en libertad al cumplirse su prisión preventiva, y cuando finalmente reciben su sentencia no vuelven a reintegrarse al sistema penal. “Así como tenemos un Penal de Libertad, un arroyo Seco, el estadio Charrúa en el Parque Rivera”, dijo Díaz, se dan estas situaciones.
El fiscal reconoció que en Chile, que tenía índices similares, con esta reforma no logró bajar el índice de prisionización, pero sí varió “sustancialmente” fue el otro, y casi el 70% de los presos tienen sentencia.
El tema que según Díaz debe continuarse discutiendo es quién brinda asistencia a la víctima. El código como está establece que debe encargarse la Defensoría Pública, algo que él consideró inaceptable porque genera un problema de intereses fuerte: este órgano también se encarga de defender a los acusados. Según dijo, en otros países esta defensa se realiza mediante acuerdos con las universidades. “Lo que sí establece el nuevo código es un estatuto para la víctima, a la que hoy no se le reconoce ningún derecho”, dijo. “A veces se le imputan al nuevo código deficiencias que hoy en día tenemos, y que es peor todavía”.
Por otro lado, Díaz fue consultado sobre si se utilizó el sistema El Guardián para capturar al narco mexicano detenido semanas atrás en Punta del Este, algo que en un primer momento se había manejado como cierto y en lo que luego se do marcha atrás, cuando la Justicia aclaró que nunca había aprobado su utilización. “Tengo entendido que no se utilizó”, aclaró Díaz.
“Yo cuando hablé la primera vez, específicamente hablé de escuchas telefónicas, y lo que defendí fue el sistema de vigilancia electrónica; dije que ha generado polémicas y en ese contexto mencioné al Guardián”.
El fiscal de Corte indicó que debe haber proporción entre el crimen del que se acusa a una persona y la vigilancia que se dispone, ya que significa la vulneración de la intimidad. “Si hay una interceptación telefónica sin autorización judicial, se está cometiendo un delito”, indicó.
