jueves, 22 de junio de 2017

Tres pequeñas localidades de Rocha accederán a los beneficios de la inclusión financiera.

Ellas son 18 de Julio,San Luis al Medio y Puimayen ,según lo informado desde OPP a Rochaaldía.




Para estas tres pequeñas localidades del departamento de Rocha ,se ha definido un plan para que los residentes  accedan a los beneficios de la ley de inclusión financiera, facilitando el retiro de efectivo y el pago electrónico de facturas.






Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ,se informó a este portal que se ha acordado con el  Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Programa Uruguay Más Cerca de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, y la Agencia Nacional de Desarrollo ,son los encargados de la ejecución  de un Plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros con el propósito de facilitar el acceso de la población a un conjunto de servicios en el marco de la Ley de Inclusión Financiera.

A los efectos de facilitar el cobro en cuenta bancaria o en instrumento de dinero electrónico de salarios, pasividades y prestaciones sociales en las localidades más pequeñas del territorio, resulta fundamental expandir la red de puntos de extracción de efectivo, entendiendo por tales no solo los cajeros automáticos, sino fundamentalmente los demás medios que habilitan la extracción de efectivo, como aquellos que se ubican en locales de quienes actúan como corresponsales financieros.

Mediante un esquema de subsidios, que se extenderá hasta mayo de 2018, el gobierno promueve la instalación de puntos de extracción de efectivo y de puntos de pago de servicios en estas  localidades de más de 500 habitantes que actualmente no disponen de tales servicios.

El Plan de incentivos acordado posibilitará que pequeños comercios ubicados en el interior del país puedan comenzar a prestar servicios de retiro de efectivo y de pago de facturas, actuando como corresponsales financieros. Para lograrlo, se definieron subsidios que pueden alcanzar hasta el 75% de la inversión realizada (con un máximo de US$ 2.500).

Asimismo, también se entiende necesario dar respuesta a las dificultades existentes en dichas localidades para poder realizar el pago de facturas de servicios públicos se informó.

De esta forma, se plantea contribuir a la disminución de la brecha en el acceso y uso de dichos servicios por parte de la población radicada en pequeñas localidades, generando así condiciones de mayor equidad territorial.