El fisco había solicitado estas clausuras a la Justicia a partir de la operación "Camboriu" realizada en setiembre del año pasado en la frontera con Brasil, según publica El Observador.
En esa oportunidad las inspecciones constataron que había comercios que vendían mercadería a residentes sin entregar las boletas correspondientes. Otros vendían mercadería y bebidas alcohólicas a residentes pero documentando la venta con cédulas de identidad brasileñas. También se había detectado venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Por otro lado, la DGI comenzó a fiscalizar comercios que ofrecen servicios gastronómicos a través de plataformas de internet. En ese sentido, el fisco solicitó dos clausuras que se tramitan ante el Poder Judicial.
