A raíz del incidente con dos israelíes en un hostel de barra de Barra de Valizas,se puso al descubierto una vez más, el incremento de construcciones en áreas fiscales en balnearios de la costa Rochense.
Desde hace tres años la intendencia lleva adelante, intimidaciones de demolición para un centenar de fincas confirmó el intendente Aníbal Pereyra .
El hostel Buena Vista en Valizas no sera demolido a partir de la exposición que tuvo en los últimos días aseguro el jerarca. Los procesos de demolición fueron impedidos por la interposición de recursos lo que genera demoras en las acciones.
A modo de ejemplo podemos citar que en las últimas intervenciones de la Intendencia de Rocha en busca de recuperar espacios públicos ubicados en balneario Punta del Diablo fueron suspendidas luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno confirmara una sentencia sentencia dictada en el año 2013 por la jueza letrada de 1º Instancia de Chuy de 1º Turno, Anahy Parada, que amparó a un grupo de propietarios.
Desde entonces no se toma en cuenta las resoluciónes de la Intendencia de Rocha en procura de derrumbar construcciones irregulares.
En aquel entonces se estableció que la suspensión de las demoliciones se mantiene hasta que exista sentencia firme dictada por juez competente.
La sentencia emitida en el año 2013 por el propio tribunal señala que “se han vulnerado claramente los derechos constitucionales de los reclamantes al pretender, por vía administrativa y sin posibilidad de defensa alguna, cercenar los derechos de orden constitucional y legal que les asisten, en claro contravención de las normas de orden público que regulan la forma en que deben efectuarse las demoliciones".
El tribunal agrega en ese escrito que "la norma desconoce” lo que dice la ley 18.308, “que dispone que no puede proceder a la demolición de las obras, sino que tiene que acudir al Juzgado competente”. De ese modo, "se priva a las partes de tener la oportunidad ante el Tribunal y poder ejercitar los derechos que constitucional y legalmente le asisten".
El organismo se vio en la necesidad de cuestionar además el accionar del propio Gobierno Departamental señalando que en la resolución adoptada para demoler en Punta Del Diablo "en grado alguno se identifica a los propietarios adecuadamente y ni siquiera distingue entre quienes ocupan espacios públicos y quienes ocupan espacio fiscal"..... “la resolución recurrida carece de una motivación adecuada”. “La misma es claramente ilegitima en cuanto vulnera derechos de los actores reconocidos constitucionalmente como son el debido proceso, el derecho de propiedad (por lo menos de las construcciones ) y en algunos casos el derecho al trabajo sin garantía alguna, ni intervención judicial como preceptivamente dispone la ley 18.308 y el decreto 12/2003".
En el 2017 el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, reconoció que existen unas mil construcciones ilegales y restan retirar unas cien en el balneario de Punta del Diablo.
Pereyra sostiene que "las posibilidades de crecimiento y mejora de recaudación están basados en superar esta realidad".
La junta departamental de Rocha aprobó un aumento en el impuesto a las "construcciones inapropiadas", tributo que se le cobra a los propietarios de aquellas fincas que están construidas ilegalmente en la franja costera de balnearios como Punta del Diablo, Aguas Dulces, Cabo Polonio y Barra de Valizas.
En Aguas Dulces hay unas 536 viviendas en una franja de 1500 metros de largo y 75 de ancho. Todas estas casas están en zona de dominio público (entre la calle Cachimba y Faroles y el mar), reportó el sitio.
Mientras tanto en Cabo Polonio hay algo más de 300 que fueron edificadas de forma irregular, sin permisos municipales. Hoy está prohibido construir en Cabo Polonio, zona que desde julio de 2009 ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría de Parque Nacional.
Los pobladores permanentes, que viven en los balnearios donde se aplicará el impuesto, están exonerados.
