La jueza de 2º turno del Chuy resolvió que el recurso de amparo presentado por los propietarios de los ranchos demolidos en Punta del Diablo pase a un Tribunal de Apelaciones, y tenga ahora efecto suspensivo sobre nuevas acciones.
La jueza de 2º turno del Chuy admitió el recurso de amparo, con efecto suspensivo, presentado en su momento por los propietarios de las viviendas, y dispuso que el expediente pase a estudio al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno, según informó el abogado de los propietarios de los ranchos demolidos, Pedro Algorta,“Habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación, concédese el mismo con efecto suspensivo”, dice el fallo del 26 de septiembre, cuyo texto se puede leer en la página web del Poder Judicial y añade que será elevado “al Tribunal de Apelaciones que por turno corresponda”
Según el abogado, la jueza envió el amparo con efecto suspensivo este jueves a Montevideo, por lo que el recurso estará en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno este viernes. Una vez que el tribunal tome conocimiento del nuevo dictamen, el organismo tiene cuatro días para expedirse.
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raul Oxandabarat explicó a El Observador que la resolución de la jueza impide la demolición de viviendas que aún no fueron tiradas abajo, pero no tiene efecto retroactivo sobre lo ya realizado.
Algorta dijo a El Observador que este dictamen demuestra que “la intendencia quedó flagrantemente en ilegalidad porque violó domicilios y arrestó gente. Fue un atropello salvaje”.
Algorta también apuntó contra la jueza y expresó que cayó en falta porque no actuó en su debido momento cuando se estaba llevando a cabo la acción de demolición por parte de la Intendencia Municipal de Rocha. “Tendría que haberse presentado y suspender la acción”, señaló Algorta.
Las primeras demoliciones de los ranchos de Punta del Diablo se llevaron a cabo el 13 de setiembre ante la oposición de los propietarios, que señalaban que la intendencia no tenía la orden judicial para llevar a cabo la acción.
El día anterior el abogado Algorta presentó ante el juzgado del Chuy un recurso de amparo solicitando la suspensión del acto administrativo y el amparo preventivo, aludiendo que para tirar abajo las viviendas la intendencia debía recurrir primero a la Justicia. En aquel momento la jueza Refraschini desestimó el recurso por considerar que estaba fuera de fecha y la intendencia procedió a llevar a cabo las demoliciones, alegando que se trataban de terrenos fiscales y, que por lo tanto, no necesitaba de orden judicial.
Los vecinos apelaron y si el Tribunal de Apelaciones falla en contra de la intendencia, los propietarios no descartan presentar una denuncia penal contra el Estado, el Ministerio del Interior y la Intendencia Municipal de Rocha por violación de domicilio y delito de daño, señaló a El Observador Walter Demarchis, propietario. Incluso evalúan incluir en la denuncia el delito de hurto porque, según señalan, la comuna se apropió de bienes que se encontraban en el interior de las viviendas y amenaza con no devolverlos si los propietarios no retiran las denuncias que presentaron ante la Policía, agregó Demarchis. Por otro lado, evalúan presentar denuncias ante organismos internacionales.
Los vecinos también trabajan para presentar en la próxima semana un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exigiendo la nulidad del acto de intimación, ya que consideran que el recurso se les presentó de forma indebida por parte de la comuna, es decir, sin tener claros los nombres de los propietarios y el número de padrón, entre otras cosas. “La intendencia lo hizo de forma totalmente arbitraria”, apuntó Demarchis.