El Senado dio sanción este jueves al proyecto de ley de
inclusión financiera por 16 votos en 22 legisladores presentes en sala. Sólo el
Frente Amplio respaldó el articulado, aunque parlamentarios como Alberto
Couriel y Enrique Rubio habían promovido modificaciones en línea con los
planteos de la oposición y de empresas crediticias afectadas por la norma.
El proyecto de ley fue debatido desde la mañana. Hasta la
hora 14 hubo en las barras del Senado y en las afueras del Parlamento
funcionarios de Anda y de cooperativas financieras que rechazan la puesta en
práctica de la norma.
Según se informó en sala, el proyecto de ley será remitido
al Poder Ejecutivo para la promulgación y posterior puesta en marcha.
Desde el Frente Amplio se defendió el texto, mientras que
desde la oposición se argumentó en contra de su contenido. El senador del
Partido Nacional Francisco Gallinal anunció que la norma será derogada en caso
que el nacionalismo alcance el gobierno.
El proyecto de ley determina que el pago de salarios y
pasividades se realizará en instituciones bancarias o emisoras de dinero
electrónico. Los trabajadores y pasivos contarán con una tarjeta de débito, o
prepaga, para realizar sus compras de bienes y servicios, o retiros de dinero
en cajeros automáticos.
Se prevé la existencia de créditos de nómina que serán
concedidos por las instituciones bancarias con el beneficio de poder descontar
con prioridad del sueldo o pasividad los citados créditos.
Para algunas instituciones como Anda, esto implica colocar
en una situación ventaja a los bancos por sobre las financieras.
Anda objeta que en el momento de establecer las prioridades
de retención, en el artículo 32 del proyecto de ley, la institución queda
desplazada en su facultad de retención de haberes por los créditos que concede,
y por ello solicita que tanto Anda como otras instituciones de la economía
social mantengan su prelación de descuentos de salarios y pasividades.
El segundo artículo que cuestionan las financieras y Anda
corresponde al aumento del mínimo intangible del salario ya que eleva el tope
del 30% al 50% y los jubilados y trabajadores de ingresos medios bajos y bajos
que requieren del crédito no podrán afectar en garantía su salario.