El representante legal de Jesús Eduardo Beyhaut hablò en
exclusiva con Rochaaldìa sobre el importante juicio que enfrenta la Intendencia
Departamental de Rocha por el incumplimiento por parte de la comuna en la
demolición de construcciones irregulares en Punta del Diablo y en el cual la
justicia finalmente se pronunció a favor de su cliente.
El Dr Daniel Reyes le dijo a nuestro portal que desde el
vamos siempre se puso en marcha las negociaciones ,pero con audiencias
suspendidas desde el año 2009 lo que consta en actas .
"siempre hemos venido para llegar a un acuerdo
transaccional para finalizar esto, pero lamentablemente siempre se han visto
trancadas las negociaciones. "
Reyes agregò que la justicia dispuso la liquidación de la
suma debido al tiempo transcurrido y nosotros fue lo que hicimos.
"ahora la ejecutada la intendencia departamental de
Rocha ,deberá presentar los suyos y luego
el juez con ambas liquidaciones formulara la definitiva que debemos
cumplir. "
El representante de Beyhaut dijo que no quiere entrar
en polémica con el intendente, ni con el
gobierno deptal,acá el asunto es clarificar mi cliente es propietario de los bienes
a partir de los cuales inicia una acción, de lo contrario no hubiera prosperado
un trámite en tanto tiempo indicò.
"El daño que se ha ocasionado desde el año 2000 hasta
la fecha donde nunca se cumplió con la sentencia judicial, ni en cuanto a la
demolición ni al pago de la multa....pero además hay una cuestión que no es
menor ,que esta etapa liquidataria es consentida por la intendencia ,quien no
cuestiono el hecho de proceder a liquidar. El tema es transamos ò pagamos no
hay una tercera opción ."
La cifra 627 millones
de dólares.
El litigio judicial
se inicio en el año 1986 ,por parte de
Jesús Beyhaut quien demandó a la
Intendencia de Rocha y pidió que se la obligara a demoler unas 100
construcciones situadas en terrenos fiscales alegando que lo perjudicaban
porque desvalorizaban cerca de 500 lotes de su propiedad en Punta del Diablo.
El caso tuvo sentencia recién en febrero de 1992 y fue a favor del reclamante,
ya que la comuna resultó condenada a desmantelar esas viviendas en 90 días.
Desde entonces comenzó un extenso proceso con idas y venidas
donde a pesar de la sucesión de administraciones al frente de la Intendencia de
Rocha la resolución judicial no se cumplió y, en los hechos, la cantidad de
construcciones irregulares en ese balneario ha ido en aumento.
En 2004, Beyhaut inició la etapa de ejecución de la
sentencia dictada en 1992 donde se había estipulado una multa de 20 unidades
reajustables (UR) por cada día de incumplimiento por cada construcción no
demolida.
Liquidación
Basándose en una liquidación de 2006 hecha por peritos
contables del Instituto Técnico Forense, Beyhaut presentó a fines de 2014 su
liquidación de ejecución de sentencia y pidió que la Intendencia de Rocha sea
condenada a pagar US$ 627.522.478 ( 20.490.600 UR al valor de $ 730 de agosto
de 2014) por un incumplimiento de 21 años y 10 meses. El plazo se computa desde
febrero de 1992 hasta agosto de 2014 y exceptúa siete meses de 1995 donde las
partes abrieron un espacio de negociación.
La jueza letrada de Chuy, María Noel Tonarelli, ya dio vista
de la liquidación a la Intendencia de Rocha para que la comuna presente la suya
y posteriormente resolverá al respecto.
El abogado de Beyhaut, Daniel Reyes, dijo a El
Observador que su cliente ha tenido
“buena voluntad” durante el proceso y reconoció que el monto reclamado “es
sideral e impagable”. Agregó que entre agosto de 2014 y el mes pasado se llevó
a adelante la última instancia de negociación en base a la posibilidad de que a
su representado se le exonere el pago de tributos, se le entreguen bienes o se
le ceda parte de la cartera de deudores de la comuna. “De nuestra parte hubo
una intención de negociación”, dijo el abogado.
Según el sistema que regula los astreintes (nombre técnico
de la multa diaria que se cobra por cada día de atraso en el cumplimiento de un
fallo judicial) lo generado por ese concepto se divide en “partes iguales” entre la contraparte y un
fondo gestionado por la Suprema Corte de Justicia.
informe en base a ElObservador.
