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martes, 30 de agosto de 2016

Especialista asegura que desarme voluntario fracasò en Uruguay.

El tema de la seguridad necesita cada vez más de una mirada civil y no puede quedar solo en la Policía o las Fuerzas Armadas, opinó el abogado de Ielsur Martín Fernández. 

En De Diez a Doce, consideró que Uruguay tiene una tradición de tenencia de armas en la población civil y criticó que no haya políticas de desestímulo.

Hay nuevos compradores de armas. Son hombres de clase media, de entre 30 y 50 años, motivados por el miedo, señaló y aseguró que no hay un desestímulo oficial.



"Cada vez más se va a comprar una nueva arma. Por día hay más gente comprando armas. El registro va creciendo en función de estos nuevos compradores", dijo y agregó que son personas que se acercan a comprar sin que exista un desestímulo del Estado. "Básicamente hay una cuestión de miedo", dijo.

La política pública es la gran ausente en la regulación del mercado de armas y en la tenencia en la población civil, opinó el abogado y dijo que en Uruguay hay más de 604.000 armas registradas. Informes internacionales dicen que por cada arma legal hay una ilegal, acotó.

El plan de entrega voluntaria de armas que se intentó en Uruguay fracasó y desvirtuó la discusión del tema, evaluó. Además, sostuvo que cuando se incautan armas deberían destruirse. En Uruguay la policía y las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de quedarse con ellas.

El Ministerio de Defensa no es el organismo adecuado para controlar el uso de armas, pues es el Ministerio del Interior quien más compra armas. Por eso no puede ser el que ejerza el control, afirmó.

Las diferencias sobre el tema entre los ministerios del Interior y Defensa demuestran que hay que generar una institucionalidad por fuera, sugirió y consideró que el problema de las armas es de los más complejos de resolver porque varias instituciones se tienen que poner de acuerdo.

En el país hay una ley de 2014 que todavía no fue reglamentada y que tiene efectos sobre la tenencia ilegal de armas. Pero hay diferencias entre los ministerios de Interior y Defensa para reglamentar la ley, aseguró.