La medida que quiere implementar el poder Ejecutivo a través del proyecto de Ley sobre Transparencia Fiscal y Prevención del Lavado de Activos podría afectar la función de asesoría y defensa de estos profesionales, así como el derecho de las personas a consultar a un abogado para conocer su situación legal, dijo a Informe Nacional el presidente del Colegio, Eugenio Xavier de Mello.
En tanto, el titular de la Secretaría, Carlos Díaz, señaló que la iniciativa del gobierno es por ahora “un borrador” de proyecto que no busca coartar los derechos de los abogados ni de los escribanos.
Según el texto, los profesionales solo deberán denunciar situaciones presuntamente ilícitas en operaciones de compra venta, dijo. La misma situación se prevé para las asociaciones civiles e iglesias, los partidos políticos y otras organizaciones aunque se establecerán excepciones según el riesgo de ilícito, explicó.
Además, el proyecto suma nuevos delitos precedentes del lavado como el de defraudación tributaria, el sicariato, el abigeato y la asociación para delinquir, agregó.
Panamá Papers
Este miércoles Díaz compareció ante la Comisión especial del Senado para analizar el tema de los Panamá Papers. Explicó que no se ha implementado seguimiento especial ni investigación específica sobre el tema; continúan los controles en las causas judiciales que ya estaban abiertas, señaló.
