La Ley de Armas aprobada en agosto de 2014 fue una de las medidas impulsadas por la administración de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, con el objetivo de controlar la cantidad de armas circulantes y fomentar el desarme de los civiles.
La norma prohíbe la tenencia y porte de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Habilita la incautación del material no registrado y establece que es delito el tráfico y venta de armas ilegales, con penas de 12 meses a doce años de cárcel. Pero si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización criminal, la pena será aumentada en un tercio. También es delito arrendar o ensamblar armas y explosivos.
Aunque todavía no está reglamentada, la ley está vigente y fue aplicada por la Justicia Penal.
De acuerdo a cifras del Observatorio del Ministerio del Interior, la cantidad de procesados por la Ley 19.247 y el Artículo 141 de la Ley 17.269, aumentó en la comparación de los primeros semestres de 2015 y 2016. La cantidad de procesados pasó de 92 a 153, un incremento de casi 67%. Esto se dio por casos ocurridos en Montevideo, donde hubo 22 procesados más, mientras que en el resto del país, exceptuando Canelones, hubo 39 casos más.
Considerando los casos del 2016, 148 procesados fueron hombres y 5 mujeres. En el corte por edad se indica que la mitad de los procesados tenían entre 18 y 27 años de edad, al tiempo que el porcentaje va disminuyendo en la medida que aumenta la edad.
subrayado.
