Sosa perdió a su marido cuando se mató de un balazo meses atrás. También perdió a su padrastro, quien se ahorcó. Sosa es policía y ha trabajado en prevención de suicidios, pero esto no le sirvió para evitar esas tragedias familiares. Castillos es una de las ciudades con más suicidios de Uruguay y éste uno de los países de América Latina con más muertes de ese tipo.
POR LEONARDO HABERKORN
The Associated Press
Marianela Sosa despierta sobresaltada cada madrugada después de oír en sueños el balazo con que su esposo se mató hace siete meses.
Fue el segundo suicidio en su vida. Un año antes se ahorcó su padrastro. Sosa es policía y ha trabajado en prevención de suicidios, pero esto no le sirvió para evitar estas tragedias.
Sosa tiene 37 años y hoy atiende la oficina de violencia doméstica de la comisaría de Castillos, donde nació, siempre y cuando no se necesite un policía en la calle. Castillos está a 250 kilómetros al este de Montevideo y tiene unos 7.000 habitantes.
En esa pequeña ciudad de casas viejas y bajas, las calles son tranquilas y el único restaurante atiende a los pocos que están de paso. Casi toda la población vive gracias al empleo público o el cobro de jubilaciones. El fin de la trama urbana se atisba desde sus esquinas, permitiendo ver las tierras bajas que rodean la población, dedicadas a la ganadería y el cultivo de arroz o soja.
Por razones que no se conocen con exactitud, Castillos es una de las ciudades con más suicidios de Uruguay y éste uno de los países con más suicidios de América Latina. El dato ensombrece una década de crecimiento económico y la fama que Uruguay ganó recientemente por legislación en temas como aborto, matrimonio gay y marihuana.
Uruguay tuvo en 2015 un promedio de 18,55 suicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con estadísticas propias, aunque la OMS considera una tasa menor (17 por cada 100.000 habitantes). Las autoridades uruguayas dijeron que ese año hubo 643 muertes por la misma causa, lo que se traduce en 1,76 suicidios diarios en un país de apenas 3,3 millones de habitantes.
Los últimos datos comparativos divulgados por la OMS, con índices de 2015 del continente, muestran que los países vecinos a Uruguay tienen tasas menores: Brasil, 6,3 suicidios por cada 100.000 habitantes; Argentina, 14,2; Chile, 9,9 y Paraguay 10,3. En Estados Unidos, la tasa de ese año fue 14,3.
Según la OMS, las cifras uruguayas solo fueron superadas en América por las de Bolivia (18,7), Surinam (26,6) y Guyana (29). Sin embargo, la propia organización señaló que los datos para Bolivia sólo son estimaciones, debido a que ese país no le ha reportado en años recientes información sobre causas de muerte, incluido el suicidio.
The Associated Press solicitó a las autoridades de Bolivia información sobre el suicidio y dijeron que no manejan tasa por 100.000 habitantes, sino sólo reportes de la policía, que entre 2010 y 2015 ascendieron a 3.495, o 1,9 casos por día, en un país con una población de unos 11 millones de habitantes.
Con algunas oscilaciones, los índices de suicidios en Uruguay se mantienen desde hace décadas más allá de los vaivenes políticos, económicos y sociales.
Dévora Kestel, jefa de la unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explica que eso en parte ocurre porque Uruguay registra a los suicidas con mayor fidelidad que otros países. “Hay lugares donde los casos que no se registran llegan al 30%, ya sea por motivos médicos, religiosos o de estigma social”.
Los datos fácticos se conocen.
Se suicidan más hombres que mujeres, aunque ellas lo intentan más. Hay más suicidios en el interior que en Montevideo y las tasas son mayores entre los que tienen más de 65 años, pero los casos de jóvenes crecieron en los últimos años.
Lo que no se sabe son las causas. “Mire que busqué por todos lados”, dice el psiquiatra Federico Dajas, el primero que lanzó una alerta pública sobre este asunto en 1990 y durante más de una década lo estudió en profundidad. Dajas analizó el tema desde diversas variables sociológicas, médicas, genéticas y económicas para poder encontrar una clave. También intentó establecer una correlación estadística de los suicidios con índices económicos, de vivienda o desempleo. No tuvo éxito.
Los cursos que la policía Marianela Sosa tomó sobre suicidio abordaban temas como lo que se consideran factores de riesgo: problemas psiquiátricos, adicciones, desempleo, dramas familiares.
“El problema es que poca gente se acerca a pedir ayuda y la mayor parte de las veces nos enfrentamos a los hechos consumados”, dice.
Cuando su esposo se pegó el balazo, estaban peleados. “Él me había engañado y yo no lo había perdonado”, recuerda. En cambio, el suicidio de su padrastro nunca se explicó: no tenía problemas económicos ni familiares, de salud o laborales.
En sus investigaciones, Dajas detectó una “alta prevalencia de desesperanza y depresión en los jóvenes” que podría relacionarse con los suicidios. Asimismo, cierta relación con las adicciones.
Las cifras también subieron en 1998, cuando se habría suicidado un político famoso, y en 2002, cuando una crisis económica provocó que el desempleo llegara a 20%.
Sin embargo, ninguna de esas variables fue tan determinante como para explicarlo todo. De hecho, la tasa de suicidios de 2015, tras una década de crecimiento económico, no estuvo lejos de alcanzar la de 2002, cuando el país cayó en bancarrota.
El doctor Hebert Tenembaum, entonces director nacional de Salud Mental, fue entrevistado en 2012 por un corresponsal extranjero que le preguntó por qué en Uruguay hay tantos suicidios. Respondió: “La misma pregunta nos hacemos nosotros”.
Las autoridades uruguayas hablan poco del asunto. A pesar de múltiples intentos de The Associated Press, no fue posible conseguir una fuente oficial que abordara el tema. La encargada de prensa del Ministerio de Salud Pública, Soledad Acuña, dijo que ninguna autoridad haría declaraciones. El director de Salud Mental de los servicios de salud del Estado, Horacio Porciúncula, no respondió los mensajes.
Hoy el Ministerio de Salud Pública no tiene un director de Salud Mental. Esa oficina está acéfala y los funcionarios que trabajan ahí no fueron autorizados a hacer declaraciones.
“Se tiene a veces la idea de que es mejor no hablar del tema y es al contrario.
Si no se habla, no hay conciencia”, lamentó Isaías Valencia, un mexicano radicado en Uruguay que dirige la ONG Último Recurso, cuya sede está en Montevideo y se dedica a prevenir autoeliminaciones en la capital y otras ciudades. Por lo general se atienden entre 35 y 40 llamados de suicidas potenciales diarios.
Valencia coincide con Dajas en que el fenómeno tiene múltiples causas.
Una de ellas, según considera, es que Uruguay es un país con un porcentaje de ateos mayor que lo habitual en el continente. “La espiritualidad siempre es una contención”, sostuvo, pero más aún, achaca buena parte del problema a la deficitaria atención de los problemas psiquiátricos y psicológicos. “La atención en salud mental es muy mala. Y no hay ninguna política pública de prevención del suicidio”.
Al centro de salud pública de Castillos llega un psiquiatra desde otra ciudad una vez por semana para atender a los pacientes. “Haría falta más, porque hay demanda”, admitió su directora, Jimena Mercadal.
Marianela Sosa dice que no es fácil ser atendido por un psiquiatra, que los tiempos de espera son muy largos. En el caso de su padrastro, un diagnóstico adecuado quizás pudo evitar su muerte.
La suya era una familia de 14 hermanos y seis se han matado.
Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. “A nivel mundial, el 90% de los suicidios se explica por un problema de salud mental, alcoholismo o adicción a las drogas”, dijo Kestel, de la OPS. “El rol de la atención en salud mental es muy importante”.
Sin embargo, la atención a la salud mental es un tema ausente en el debate político y periodístico uruguayo.
En 2013, la OPS se propuso que los países redujeran un 10% su tasa de suicidios para 2020, pero la tasa uruguaya de 2015, la última conocida oficialmente, fue la más alta desde 2002.
En el documento “Prevención del suicidio, un imperativo global” que la OPS publicó en 2014 y se considera referencia sobre el tema, se sostiene que “a pesar de que los datos científicos indican que numerosas muertes son evitables, el suicidio con demasiada frecuencia tiene escasa prioridad para los gobiernos y los decisores políticos”.
Según esa publicación, los 11 países con mayor tasa de autoeliminaciones eran entonces Guyana, Corea del Sur, Sri Lanka, Lituania, Surinam, Mozambique, Nepal, Tanzania, Kazajistán, Burundi e India. Al momento de publicarse el texto de la OPS, apenas 28 países tenían una estrategia nacional de prevención del suicidio.
Tenerla implica, entre otras cosas, restringir el acceso a los medios que se usan para suicidarse —como armas de fuego y plaguicidas—, capacitar a educadores, policías y trabajadores de salud en prevención, crear servicios que atiendan a personas en momentos de crisis y luego trabajar con los medios de comunicación sobre la mejor manera de abordar el problema.
A pesar de que el gobierno tiene desde 2004 una Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, “en Castillos no hay ninguna organización que hoy esté trabajando en prevenir los suicidios”, lamentó su alcalde Estacio Sena. En el pueblo, más de una vez lo han visto meditando a solas en el lugar donde se mató algún vecino.
La única excepción reciente ha sido Último Recurso, que entre 2008 y 2012 realizó en Castillos un plan de prevención. Marianela Sosa fue una de las agentes policiales capacitadas.
Los trabajos realizados lograron bajar las autoeliminaciones, pero se discontinuaron por falta de apoyo económico de las autoridades, dijo el alcalde. Mantenerlo tenía un costo de más de 1.000 dólares mensuales.
Para Sosa, hay un elemento más a considerar cuando se habla de suicidios en Castillos: la insatisfacción.
“La cabeza de la gente acá es muy negativa. Todo lo ven mal, todo piensan que no va a estar bien”. Sin embargo, está convencida de que algo hay que hacer para revertir la situación: “Yo no voy a levantar a mi marido de la tumba, ni a mi padre, pero quiero ayudar a que a nadie más les pase”.
Claudia Sena, una locutora de radio local que asegura que en su familia ya van diez suicidios, trabaja con otras personas para conformar una organización llamada “Por la vida”, para prevenir más casos. “Convocamos al pueblo a sumarse, pero no hubo mucha respuesta. Ninguno de los médicos se acercó. Y de los 11 psicólogos, solo uno”.
Paola Fernández es la psicóloga que se sumó a “Por la vida”. Para ella, lo primero es comprender qué es lo que está pasando en Castillos y en Uruguay: “Faltan estudios serios para saber qué es lo que pasa”.
En Castillos muchas familias golpeadas por este drama recurren a la policía Sosa para conversar y buscar una explicación o un consuelo. “Yo los escucho y los ayudo, aunque yo misma todavía no estoy bien”, admite.
De hecho, sigue sin encontrar el momento adecuado de contarle a su hija de 12 años que su padre se mató. “Ella sabe que su papá se murió, pero todavía no he querido decirle cómo”.
