El jerarca recordó que la primera ordenanza para despoblar la zona data de 1976 y dio un plazo de 15 años para su ejecución.
Los vecinos, por el contrario, plantean que de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial, la intendencia debería haber procedido a la reorganización y regulación de los asentamientos en el predio fiscal, y que las viviendas, si bien hay casos de morosidad, pagan contribución inmobiliaria. Denunciaron, además, la modificación reciente de la denominación legal de estas viviendas, ahora catalogadas como “edificaciones inapropiadas”, a los efectos del cobro de la contribución.
Graña informó que las playas ahora no están habilitadas y que su limpieza demandará tiempo y dinero. “Vamos a comenzar a limpiar las playas y a conversar con los vecinos pero lo que esta ruinoso, va a ser designado ruinoso, la reconstrucción impide la limpieza y, además, hay peligro de vida”, señaló.
Según una resolución aprobada por la comuna rochense no se podrán reconstruir las casas destruidas o que perdieron sus condiciones de habitabilidad tras los episodios climáticos de los últimos días.
Si bien la normativa vigente impide la construcción de viviendas a menos de 200 metros de la costa, el jefe comunal manifestó preocupación por nuevas subas del nivel del mar. “Tenemos un problema de tiempo a resolver”, manifestó.
